FAQs

Porque combinamos la experiencia en el REF con la última tecnología en IA para ofrecer una consultoría proactiva que maximiza el ahorro y la tranquilidad de nuestros clientes.

Mediante el uso de software de gestión avanzada y comunicación digital directa que reduce los tiempos de espera y evita errores manuales.

Modelo de servicio donde el asesor se anticipa a los problemas del cliente avisando de cambios legales o ahorros antes de que se soliciten.

Por nuestra capacidad de integrar el Régimen Económico y Fiscal (REF) con soluciones tecnológicas que garantizan el éxito de nuestros clientes.

Canarias ofrece la **mayor deducción fiscal audiovisual de Europa**: hasta el **54%** del gasto realizado en territorio canario para producciones extranjeras, y hasta el **50%** para producciones españolas, con un límite máximo de deducción de **36 millones de euros por proyecto**. Esta deducción se regula en el artículo 36 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades junto con las especialidades canarias del REF que elevan los porcentajes generales (que en la Península son del 30-35%). Para acceder a la deducción canaria es necesario cumplir varios requisitos: realizar un **gasto mínimo en territorio canario** (1 millón de euros para acceder al porcentaje completo en producciones extranjeras), contratar personal técnico y artístico residente en Canarias, obtener el **certificado de obra audiovisual canaria** o el certificado de productora cultural según el caso, y cumplir las obligaciones de información a la AEAT. Esta política ha convertido a Canarias en uno de los principales destinos de rodaje de Europa: producciones como Fast & Furious, Solo: A Star Wars Story, La Casa de Papel, Wonder Woman 1984, Allied o numerosas series de Netflix, HBO y Amazon Prime se han rodado parcialmente en las islas aprovechando esta deducción. Para una producción extranjera con un gasto de 10 millones de euros en Canarias, la deducción puede llegar a 5,4 millones, lo que reduce drásticamente el coste neto del rodaje. En DG Canarias Group asesoramos a productoras nacionales e internacionales en la estructuración fiscal completa de sus rodajes en las islas.

Documento que acredita que una producción es canaria permitiendo acceder a las deducciones máximas del 50-54% en el Impuesto de Sociedades.

Mecanismo donde una empresa ajena al cine financia una película a cambio de subrogarse los derechos de deducción fiscal de la productora.

Es la obligación de invertir un porcentaje mínimo del presupuesto de producción directamente en proveedores y profesionales residentes en Canarias.

La cuota cero es una **subvención del Gobierno de Canarias** que reembolsa íntegramente las cuotas pagadas a la Seguridad Social durante el primer año (12 meses) por los autónomos canarios que se acogieron a la tarifa plana estatal. NO es una bonificación directa: el autónomo paga la cuota reducida estatal mientras dura la tarifa plana y, una vez completados los 12 meses, solicita la devolución posterior a la Comunidad Autónoma. La **convocatoria 2026** se publicó en el BOC nº45 de 6 de marzo de 2026 (Resolución de 12 de febrero de 2026 de la Dirección General de Autónomos), con un presupuesto de **3,3 millones de euros** y plazo abierto desde el **9 de marzo hasta el 15 de octubre de 2026** o hasta agotar el crédito. **Requisitos principales**: estar empadronado en Canarias, tener domicilio fiscal en el archipiélago durante el periodo de bonificación, estar de alta en el RETA, haber disfrutado de las reducciones del artículo 38 bis/ter/quater de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. La solicitud se presenta telemáticamente en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. El plazo para pedirla es de **2 meses tras finalizar el periodo de 12 meses** de la tarifa plana. En la convocatoria de 2024 se beneficiaron unos 3.620 autónomos canarios.

En 2026 las cuotas de autónomos están **congeladas** respecto a 2025 según el Real Decreto-ley 16/2025 de 29 de diciembre, tras las protestas masivas del colectivo en noviembre de 2025. El sistema mantiene los **15 tramos por rendimientos netos** mensuales. Las cuotas mínimas van desde **200€/mes** para quienes ingresan menos de 670€/mes hasta **590€/mes** para los que superan 6.000€/mes de rendimientos netos. Los seis primeros tramos (hasta 1.700€/mes) son los más bajos; los tramos medios pagan entre 290€ y 370€/mes; y los tramos altos pueden llegar a 590€/mes. A todo esto hay que sumar el **MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que sube al 0,9% en 2026** (era 0,8% en 2025), lo que añade entre 6€ y 24€ mensuales según la base. El autónomo puede cambiar su tramo de cotización **hasta 6 veces al año** (cada 2 meses) para ajustarse a sus ingresos reales y evitar regularizaciones posteriores con recargos. Al cierre del ejercicio, la Seguridad Social regulariza con los rendimientos definitivos declarados a Hacienda: si has cotizado de menos, tendrás que pagar la diferencia; si has cotizado de más, te la devolverán de oficio.

Los rendimientos netos a efectos de cotización se calculan así: **Ingresos brutos – Gastos deducibles de la actividad – Deducción adicional por gastos genéricos**. La deducción adicional es del **7% para autónomos personas físicas** (en estimación directa simplificada o normal) o del **3% para autónomos societarios** (administradores con control efectivo de sociedades). Por ejemplo, un autónomo en Tenerife que factura 50.000€/año con 10.000€ de gastos deducibles tiene unos rendimientos brutos de 40.000€; aplicando el 7% de gastos genéricos (2.800€), sus **rendimientos netos anuales son 37.200€**, lo que dividido entre 12 da 3.100€/mes y le sitúa en el **tramo 11** de cotización. Es importante hacer este cálculo bien al principio del ejercicio porque determina cuánto pagas cada mes. Si tu previsión cambia, puedes actualizarla en la sede electrónica de la Seguridad Social hasta 6 veces al año. Al cierre, la TGSS cruzará tus datos con tu declaración del IRPF para regularizar. En DG Canarias Group ayudamos a nuestros clientes autónomos a estimar correctamente sus rendimientos cada año para optimizar la cotización y evitar sustos en la regularización.

La tarifa plana es una **bonificación estatal** que permite a los nuevos autónomos pagar solo **80€/mes durante los primeros 12 meses** de actividad, independientemente del tramo de rendimientos en el que estarían según sus ingresos reales. Está regulada en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Pueden acogerse: autónomos que se den de alta en el RETA por primera vez; autónomos que vuelvan al RETA después de **al menos 2 años sin estar de alta** (3 años si se beneficiaron antes de la tarifa plana). Si al finalizar el primer año los rendimientos netos del autónomo no superan el SMI anual (17.094€ en 2026), se puede prorrogar la tarifa plana durante 12 meses adicionales, pagando solo 80€/mes hasta un total de 24 meses. La tarifa plana NO incluye el MEI (0,9% en 2026), por lo que la cuota real ronda los 86-88€/mes. **Importante**: aunque se acoja a la tarifa plana, el autónomo canario puede solicitar después la **cuota cero del Gobierno de Canarias** para que le devuelvan íntegramente esos 80€ pagados, lo que en la práctica reduce el coste a 0€. Es una de las combinaciones más potentes del REF.

Un autónomo en Canarias en estimación directa puede aplicar varios bloques de deducciones en su IRPF que reducen significativamente la factura fiscal. (1) **Gastos deducibles ordinarios**: cuotas de la Seguridad Social, suministros del local de la actividad, alquiler, mantenimiento, asesoría, seguros profesionales, suministros del 30% (luz, agua, internet) si trabaja desde casa, manutención hasta 26,67€/día con justificante, kilometraje del vehículo (0,26€/km), formación, marketing, etc. (2) **RIC (Reserva para Inversiones en Canarias)**: hasta el 90% del rendimiento neto destinado a inversiones aptas en Canarias. (3) **DIC (Deducción por Inversiones en Canarias)**: porcentajes superiores al régimen estatal por inversiones en activos nuevos. (4) **Deducción autonómica del IRPF canario** por inversiones en sociedades canarias de nueva creación: **20% con límite 4.000€** (o 30% con límite 6.000€ en casos especiales) introducida por la Ley 9/2025 para 2026. (5) **Deducción por familia numerosa, discapacidad, vivienda habitual, donativos**, etc. La combinación inteligente de estas deducciones puede reducir la cuota del IRPF entre un 30% y un 70% según el caso.

La obligación de facturación electrónica entre empresas y autónomos en España viene impuesta por la **Ley 18/2022 Crea y Crece** y desarrollada por el reglamento técnico (Real Decreto 1007/2023). En 2026 sigue en proceso de implantación gradual: el Reglamento técnico ha tenido sucesivas prórrogas y la entrada en vigor efectiva depende de la publicación final del desarrollo técnico por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y de la AEAT. La previsión más realista es que la obligación entre empresas y autónomos sea efectiva durante **2026-2027**: primero para empresas con facturación superior a 8 millones de euros, y posteriormente para el resto del tejido empresarial y autónomos. Adicionalmente, en paralelo está el sistema **Verifactu** (Real Decreto 1007/2023) que regula los requisitos de los programas de facturación para garantizar la trazabilidad e integridad de las facturas frente a Hacienda. Su entrada en vigor obligatoria también está siendo prorrogada. **Recomendación**: aunque aún no sea obligatorio para todos los autónomos, conviene migrar ya a un software de facturación que cumpla los requisitos Verifactu y prepare la facturación electrónica B2B, porque los plazos están avanzando. En DG Canarias Group asesoramos a nuestros clientes en la elección y migración del software adecuado.

El modelo 130 es la **declaración trimestral del pago fraccionado del IRPF** que deben presentar los autónomos en **estimación directa** (normal o simplificada) que ejerzan actividades económicas o profesionales. En cada modelo 130 el autónomo declara los rendimientos obtenidos en el trimestre y paga **a cuenta el 20%** del rendimiento neto acumulado del año, descontando lo pagado en trimestres anteriores y las retenciones que ya le hayan practicado sus clientes. Los plazos de presentación son: **Primer trimestre del 1 al 20 de abril; Segundo trimestre del 1 al 20 de julio; Tercer trimestre del 1 al 20 de octubre; Cuarto trimestre del 1 al 30 de enero del año siguiente**. Hay una excepción importante: los autónomos en estimación directa que tengan **al menos el 70% de sus ingresos sometidos a retención** (típico de profesionales que facturan a empresas) **no están obligados a presentar el modelo 130**, porque las retenciones ya cubren el pago a cuenta. Por ejemplo, un abogado en Las Palmas que factura solo a empresas (todas le retienen el 15%) no tiene que presentar el modelo 130. Un comerciante o restaurador que factura a consumidores finales sí tiene que hacerlo. En el modelo 130 también se pueden aplicar deducciones específicas como por familia numerosa.

El modelo 131 es el **pago fraccionado trimestral del IRPF** para autónomos que tributan en **estimación objetiva** (sistema de módulos), un régimen simplificado pensado para pequeñas actividades como bares, taxis, peluquerías, comercios menores, pequeños transportistas, etc. Se calcula aplicando un porcentaje fijo (normalmente entre el 2% y el 4% según la actividad) sobre el **rendimiento neto previo** determinado por los signos, índices o módulos asignados a cada actividad por la Orden Ministerial anual de Módulos. Los plazos son los mismos que el modelo 130: del 1 al 20 de abril, julio, octubre y del 1 al 30 de enero del año siguiente. La gran ventaja del régimen de módulos es la **simplicidad**: no se llevan libros contables completos y la cuota es fija independientemente de los ingresos reales (con ciertos límites). El gran inconveniente es que si tienes pérdidas o ingresos bajos, igualmente pagas el módulo asignado. Cada año el Gobierno publica la Orden Ministerial que actualiza qué actividades pueden seguir en módulos y los importes; los umbrales máximos para permanecer en módulos se han ido reduciendo. **En 2026** los autónomos en módulos siguen siendo elegibles si su volumen de ingresos no supera los 250.000€/año (150.000€ en agricultura/ganadería) y otros límites específicos por actividad.

El sistema de cotización por ingresos reales se implantó el **1 de enero de 2023** mediante el Real Decreto-ley 13/2022 y supuso el cambio más importante en la cotización del RETA en décadas. Antes los autónomos podían **elegir libremente** su base de cotización (la mayoría escogía la mínima para pagar menos), independientemente de cuánto ganaran realmente. Con el nuevo sistema, los autónomos están obligados a cotizar en el tramo correspondiente a sus **rendimientos netos reales** previstos, organizados en **15 tramos progresivos**. Esto significa que un autónomo que gana 5.000€/mes ya no puede cotizar como si ganara 1.000€. El sistema tiene tres elementos clave: (1) **Previsión inicial**: al darse de alta o cada año, el autónomo declara su previsión de rendimientos netos para elegir tramo. (2) **Cambios de tramo**: hasta 6 veces al año puede modificar su tramo si su previsión cambia. (3) **Regularización anual**: al cierre del ejercicio, la Tesorería compara con los rendimientos reales declarados a Hacienda y reclama o devuelve la diferencia. El periodo transitorio era 2023-2025, pero el RD-ley 16/2025 prorrogó las cuotas vigentes para 2026 sin subidas, manteniéndose en negociación las tablas para 2027 en adelante.

Un autónomo en **estimación directa simplificada** tiene obligaciones contables menos exigentes que las empresas pero más que en módulos. Los libros obligatorios son: (1) **Libro Registro de Ventas e Ingresos**: anotación de cada factura emitida con número, fecha, cliente, base imponible, IGIC repercutido y total. (2) **Libro Registro de Compras y Gastos**: anotación de cada factura recibida con los mismos datos. (3) **Libro Registro de Bienes de Inversión**: para los activos adquiridos que se amortizan a lo largo de varios años (maquinaria, vehículos, equipos informáticos, etc.) con detalle del coste, fecha, amortización aplicada y vida útil. Estos libros pueden llevarse en formato electrónico (Excel, software de facturación, etc.) y deben conservarse durante **al menos 4 años** (plazo de prescripción tributaria) o más si hay inversiones pendientes de amortizar o RIC pendiente de materializar. NO es obligatoria la contabilidad mercantil completa según el Plan General Contable (eso solo aplica a sociedades). Las facturas, justificantes y documentación de soporte deben archivarse y conservarse en orden. La falta o inexactitud de estos libros puede provocar sanciones graves en una inspección. En DG Canarias Group ofrecemos a nuestros clientes autónomos software propio para llevar estos libros automáticamente.

Sí, los autónomos que ejerzan total o parcialmente su actividad desde su vivienda habitual pueden deducir parte de los gastos asociados, pero con límites estrictos. Hay que distinguir dos bloques: (1) **Gastos de titularidad de la vivienda** (alquiler, IBI, comunidad, amortización si es propia, intereses de hipoteca, seguro hogar): se deduce el porcentaje correspondiente a los **metros cuadrados afectos a la actividad** sobre el total de la vivienda. Por ejemplo, una casa de 100 m² con un despacho de 15 m² afecto permite deducir el 15% de estos gastos. Hay que **declarar oficialmente** el porcentaje de afectación en el modelo 036/037 al darse de alta o modificar datos censales. (2) **Suministros** (luz, agua, gas, internet, teléfono): aquí la regla es más restrictiva. Solo se puede deducir el **30% del porcentaje de afectación**. Siguiendo el ejemplo: si la vivienda tiene 15% de afectación, los suministros se deducen al 30% × 15% = **4,5% del total** del recibo. Es decir, si pagas 100€ de luz, deduces 4,50€. Salvo que pruebes con justificación una afectación mayor, este es el régimen general. Los gastos de teléfono móvil o internet exclusivamente profesional pueden deducirse al 100% si tienes contrato profesional separado. La AEAT controla mucho este punto: conviene tener contratos a nombre del autónomo y poder justificar la afectación.

La baja por incapacidad temporal (IT) de un autónomo funciona de forma similar a la del régimen general pero con algunos matices propios del RETA. La cobertura de **contingencias comunes (IT por enfermedad común o accidente no laboral)** es **obligatoria desde 2008** para todos los autónomos del RETA, así como la cobertura de **contingencias profesionales (IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional)** desde 2019. La prestación se calcula sobre la **base reguladora** (que es la base de cotización del autónomo el mes anterior a la baja). Las cuantías son: **del día 4 al 20 de la baja**: 60% de la base reguladora; **del día 21 en adelante**: 75% de la base reguladora. **Los 3 primeros días** no se cobran salvo casos excepcionales. La duración máxima de la IT es de 12 meses, prorrogables otros 6 meses (total 18 meses), y excepcionalmente otros 6 meses más en casos justificados. **Novedad 2026 Canarias**: el Gobierno de Canarias ha anunciado en los Presupuestos 2026 una **exención de la cotización del autónomo durante los 2 primeros meses de la baja por IT**, lo que supone un alivio importante (antes el autónomo seguía pagando la cuota mensual aunque no facturara). Esta medida está pendiente de desarrollo normativo.

Sí, los autónomos tienen acceso a una prestación equivalente al paro de los asalariados llamada **prestación por cese de actividad**, regulada en la Ley 32/2010. Es **obligatoria desde 2019** para todos los autónomos del RETA (incluida en la cuota mensual). Para tener derecho hay que cumplir varios requisitos: (1) Estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda. (2) Haber cotizado por cese de actividad **al menos 12 meses continuados e inmediatamente anteriores** al cese. (3) Acreditar la **situación legal de cese**: pérdidas que superen el 10% de los ingresos del año (descontando el primer año de actividad), ejecuciones judiciales que supongan más del 30% de los ingresos, declaración de concurso, divorcio o separación con cese forzoso, fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, etc. La duración de la prestación va de 4 a 24 meses según el periodo cotizado, y la cuantía es del **70% de la base reguladora media** de los últimos 12 meses con un tope. **Importante**: aunque la prestación existe, en la práctica la **Seguridad Social ha denegado históricamente la mayoría de solicitudes** por interpretación restrictiva de los requisitos de cese involuntario. Solo el 30-40% de las solicitudes son aprobadas. En DG Canarias Group preparamos los expedientes de cese con toda la documentación necesaria para maximizar las probabilidades.

El TRADE o Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente es una **figura jurídica especial** del autónomo regulada en la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo (artículos 11 y siguientes). Es el autónomo que presta sus servicios de forma habitual, personal, directa y predominante a un único cliente del que percibe **al menos el 75% de sus ingresos** por rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Para que la relación se reconozca como TRADE deben cumplirse además otros requisitos: no tener trabajadores a su cargo (con excepciones limitadas), disponer de infraestructura productiva propia y diferenciada de la del cliente, asumir el riesgo y ventura de la actividad, percibir una contraprestación económica diferenciada y firmar un **contrato escrito específico de TRADE** registrado en el Servicio Público de Empleo. La condición de TRADE otorga derechos específicos similares al asalariado: vacaciones (mínimo 18 días hábiles al año), límite máximo de jornada, indemnización por extinción del contrato sin justa causa, jurisdicción social para conflictos con el cliente, etc. Es una figura intermedia entre el autónomo puro y el asalariado, pensada para profesionales que dependen económicamente de un cliente principal pero sin perder su condición autónoma. Es especialmente común en sectores como consultoría, transporte, actividades comerciales y servicios profesionales.

El régimen de **estimación objetiva (módulos)** del IRPF y el régimen simplificado del IGIC tienen **límites cuantitativos** que el autónomo no puede superar para mantenerse en ellos. Si los superas, sales automáticamente del régimen y pasas a **estimación directa simplificada** (o a régimen general del IGIC) al ejercicio siguiente. Los principales límites en 2026 son: (1) **Volumen de ingresos íntegros** del año anterior: 250.000€ en general; 150.000€ en actividades agrícolas, ganaderas y forestales; 75.000€ por operaciones donde haya obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario o profesional. (2) **Volumen de compras** en bienes y servicios del año anterior (excluida adquisición de inmovilizado): 250.000€. (3) **Que la actividad esté incluida** en la Orden Ministerial anual de Módulos. (4) **No haber renunciado** al régimen ni estar excluido por incompatibilidad con otros regímenes. Si superas los límites, debes comunicarlo al darte de alta del nuevo ejercicio mediante el modelo 036 y empezar a llevar los libros contables completos de estimación directa. **Atención**: el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones la intención de **suprimir paulatinamente el régimen de módulos** o reducir aún más los umbrales; conviene estar atento a las novedades anuales. Salir de módulos no es necesariamente malo: en muchos casos la estimación directa permite deducir más gastos reales y pagar menos impuestos.

Esta es una de las preguntas más frecuentes y la respuesta depende de varios factores: nivel de beneficio, número de clientes, riesgo patrimonial, planes de crecimiento y posibilidad de aplicar incentivos del REF. Como **regla orientativa general**: hasta los **40.000-50.000€ de beneficio neto anual** suele ser más eficiente fiscalmente ser autónomo (porque los tipos del IRPF en los tramos bajos son inferiores al 25% del Impuesto sobre Sociedades). A partir de **60.000-80.000€ de beneficio neto anual** la SL empieza a ser más ventajosa porque el tipo del IS es fijo y permite mayor planificación fiscal. **Pero en Canarias hay matices muy importantes**: la SL canaria puede acceder a la **ZEC (4% IS)**, a la **bonificación 50% por producción de bienes corporales**, a la **DIC con porcentajes superiores**, y aplicar la RIC con mayor margen. Esto cambia radicalmente el cálculo: una sociedad canaria bien estructurada puede tributar efectivamente al 5-8% sobre beneficios elevados, frente al 30-45% que pagaría un autónomo en sus tramos altos del IRPF. Otros factores a considerar son la **limitación de responsabilidad patrimonial** (la SL protege tu patrimonio personal frente a deudas del negocio, el autónomo no), la **imagen profesional** ante clientes grandes, la facilidad para incorporar socios y la complejidad administrativa (la SL exige cuentas anuales, libros mercantiles, juntas, etc.). En DG Canarias Group analizamos cada caso concreto para recomendar la estructura óptima.

Un porcentaje adicional (del 5% al 20%) que Hacienda suma a una deuda cuando se paga fuera de los plazos reglamentarios.

Sí los autónomos pueden deducir hasta 500 euros anuales de su prima de seguro de salud y la de su cónyuge e hijos menores de 25 años.

Es la penalización automática que aplica la Seguridad Social si la cuota de autónomo no se paga el último día hábil del mes.

Se produce cuando la Inspección detecta que una persona ejerce una actividad económica sin estar dada de alta obligándola a pagar cuotas atrasadas con recargo.

Es el tramo inferior de cotización asignado según tus ingresos netos previstos ajustado anualmente por la Seguridad Social.

Comunicación obligatoria a Hacienda mediante el modelo 036 o 037 antes de comenzar cualquier actividad económica.

Sistema donde el autónomo ajusta su cuota mensualmente según lo que prevé ganar evitando regularizaciones masivas a fin de año.

Autónomo que percibe al menos el 75% de sus ingresos de un solo cliente y tiene un contrato registrado con derechos específicos.

Es obligatorio bajo la RGPD cuando se tratan datos de categorías especiales (salud religión etc.) para garantizar la confidencialidad ante hackeos.

Uso de huella dactilar o reconocimiento facial para acceder a sistemas críticos mejorando la seguridad frente a contraseñas tradicionales.

Herramienta de gestión que permite medir la evolución de la actividad de una compañía más allá de los indicadores financieros.

Documento que completa y explica la información contenida en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Bienes y derechos que la empresa espera convertir en dinero en un plazo inferior a un año (existencias clientes tesorería).

Es el perdón legal de las deudas dentro del procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Acciones periódicas en sistemas informáticos para evitar fallos graves pérdidas de datos o paradas de actividad innecesarias.

Software de gestión de relaciones con clientes que centraliza toda la información de ventas marketing y soporte en una sola base de datos.

Contrato autoejecutable basado en tecnología blockchain que se cumple automáticamente cuando se dan las condiciones pactadas sin intermediarios.

Sistema que permite al usuario controlar sus propios datos de identidad online sin depender de grandes plataformas centrales.

Estrategias para aparecer en Google Maps y búsquedas locales cuando alguien busca asesoria en Canarias cerca de su ubicación.

Tecnología que permite trabajar desde cualquier lugar accediendo al ordenador de la oficina mediante un túnel cifrado (VPN).

Guardar copias de seguridad en diferentes ubicaciones físicas para garantizar la recuperación de datos ante desastres naturales o ataques.

Diferencia de competitividad entre empresas que usan tecnologías avanzadas (IA cloud) y las que mantienen procesos analógicos.

Firma realizada en tablets que recoge datos dinámicos (presión velocidad) con plena validez legal para contratos y nóminas.

Protocolo de seguridad que cifra la conexión entre el usuario y tu web fundamental para el e-commerce y el cumplimiento de la RGPD.

Sistema de almacenamiento que permite guardar grandes cantidades de datos brutos de la empresa para su posterior análisis con IA.

Modelo de ciberseguridad que exige verificar siempre a cualquier usuario o dispositivo que intente acceder a la red de la empresa.

Modelo de negocio donde vendes productos que un proveedor extranjero envía directamente al cliente final gestionando tú solo la venta y marketing.

Es el número de registro e identificación de operadores económicos necesario para realizar importaciones o exportaciones en la UE.

Trámite para proteger el nombre de tu tienda online en varios países a través de la OEPM o la EUIPO evitando copias de competencia.

Venta online donde el proveedor está en España y envía directamente al cliente simplificando la gestión de aduanas respecto al internacional.

Sustituto legal de la factura simplificada en papel enviado por email o app que cumple con el reglamento de facturación.

La **Ley 18/2022 Crea y Crece** (de creación y crecimiento de empresas) es una normativa estatal que entró en vigor en **octubre de 2022** con el objetivo de **facilitar la creación de empresas, agilizar trámites administrativos, fomentar el crecimiento empresarial, mejorar la lucha contra la morosidad y promover la facturación electrónica B2B**. Sus principales medidas son: (1) **Constitución de SL con 1€ de capital social** (con obligaciones especiales de reserva legal y responsabilidad solidaria hasta llegar a 3.000€). (2) **Eliminación del capital mínimo** para la SLNE (Sociedad Limitada Nueva Empresa). (3) **Constitución telemática** de sociedades en menos de 6 horas usando el Documento Único Electrónico (DUE). (4) **Facturación electrónica B2B obligatoria** entre empresarios y profesionales (pendiente de desarrollo reglamentario). (5) **Lucha contra la morosidad**: medidas para reducir los plazos medios de pago entre empresas y para sancionar a las que sistemáticamente paguen tarde. (6) **Refuerzo de los mecanismos de financiación alternativa** (crowdfunding, plataformas de financiación participativa). (7) **Plataformas para la creación rápida** de empresas con sello "Spain UP". **Impacto en Canarias**: las empresas canarias se benefician igual que las del resto de España, pero con la ventaja añadida de poder combinar la simplificación con los **incentivos fiscales del REF** (RIC, ZEC, DIC, etc.). En particular, la posibilidad de crear sociedades de forma más rápida y económica es positiva para emprendedores que quieran constituir una nueva entidad para acogerse a la ZEC. **Una crítica frecuente**: muchas medidas siguen pendientes de desarrollo reglamentario, especialmente la facturación electrónica B2B, lo que limita su aplicación práctica completa. En DG Canarias Group asesoramos en todas estas modalidades de constitución y crecimiento empresarial.

El **registro de marcas** es el procedimiento por el cual se obtiene la **protección legal exclusiva** del nombre, logotipo, slogan o signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa frente a los de la competencia. Está regulado por la **Ley 17/2001 de Marcas** y gestionado por la **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)**. **Por qué es importante**: (1) **Exclusividad legal**: el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de usarla en el tráfico económico para los productos y servicios para los que está registrada. Cualquier tercero que la use sin autorización comete una infracción y puede ser demandado civil y penalmente. (2) **Protección territorial**: una marca española protege en todo el territorio nacional. Para protección en otros países hay que solicitar marcas en cada jurisdicción o usar el sistema internacional (Marca Internacional vía OMPI o Marca de la Unión Europea EUIPO). (3) **Activo intangible valorable**: la marca es un activo de la empresa que puede valorarse, vender, licenciar y aportar al patrimonio. (4) **Imagen profesional**: el símbolo ® junto a la marca refuerza la imagen de seriedad y profesionalidad. **Proceso de registro**: solicitud telemática ante la OEPM (~150€ de tasas), examen formal, publicación en el BOPI, plazo de oposición (2 meses), examen sustantivo y concesión. El proceso completo dura entre **6 y 12 meses** si no hay oposiciones. **Duración**: 10 años renovables indefinidamente. **Coste**: tasa inicial ~150€ por una clase Niza, ~50€ por cada clase adicional. La renovación cada 10 años cuesta unos 200€. **En Canarias**: cualquier empresa canaria puede y debe registrar su marca igual que cualquier otra empresa española. Es especialmente importante para empresas con actividad turística, gastronómica o de productos artesanos canarios. En DG Canarias Group ayudamos a nuestros clientes a registrar y mantener sus marcas a nivel nacional, europeo e internacional.

La **responsabilidad civil profesional (RC profesional)** es la obligación legal que tiene un profesional o empresa de **indemnizar los daños y perjuicios económicos** que cause a sus clientes o a terceros como consecuencia de **errores, omisiones o negligencias** en el ejercicio de su actividad profesional. Está regulada con carácter general en los **artículos 1902 y siguientes del Código Civil** y tiene normativas específicas para profesiones colegiadas (abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, asesores fiscales, etc.). **Por qué es importante el seguro de RC profesional**: (1) **Protección patrimonial**: una reclamación por responsabilidad profesional puede llegar a importes muy elevados (decenas o cientos de miles de euros) que sin seguro pondrían en riesgo el patrimonio personal del profesional o la viabilidad de la empresa. (2) **Obligatoriedad legal**: en muchas profesiones colegiadas el seguro de RC profesional es **obligatorio por normativa**: abogados (mínimo 600.000€), arquitectos, médicos, ingenieros, agentes de la propiedad, administradores de fincas, asesores fiscales colegiados, mediadores, etc. (3) **Exigencia de clientes**: muchas grandes empresas exigen a sus proveedores y colaboradores tener un seguro de RC profesional con importe mínimo determinado como condición para contratar. (4) **Tranquilidad operativa**: permite trabajar sin el temor constante a una reclamación que pueda destruir el negocio. **Coberturas típicas**: errores y omisiones profesionales, defensa jurídica, fianzas judiciales, gastos de peritaje, perjuicios económicos puros, responsabilidad civil patronal subsidiaria, etc. **Coste orientativo**: para un profesional individual el seguro suele costar entre **300€ y 1.500€/año** según la actividad, el importe asegurado y el historial de siniestros. Para una pyme con varios profesionales puede ir de 1.500€ a 5.000€/año. **En Canarias**: muchas asesorías, despachos y empresas profesionales canarias tienen RC profesional contratada con compañías locales o nacionales. Conviene revisar las pólizas anualmente y ajustar coberturas al volumen de actividad real.

La **conservación de documentación** empresarial está sujeta a **diferentes plazos legales** según el tipo de documento y la normativa aplicable. Los principales plazos son: (1) **Documentación contable y mercantil** (Código de Comercio art. 30): **6 años** desde el último asiento realizado en los libros, salvo lo que dispongan otras normas con mayor exigencia. Incluye libros contables, facturas emitidas y recibidas, justificantes, documentación de soporte, contratos comerciales, correspondencia, etc. (2) **Documentación tributaria** (LGT art. 70): **mientras no haya prescrito el derecho de la Administración** a comprobar y liquidar (plazo general 4 años, ampliable a 10 años para bases imponibles negativas y deducciones pendientes del IS). En la práctica, **6 años es el mínimo prudente**. (3) **Documentación laboral**: nóminas, TC1/TC2 y boletines de cotización: **4 años** (Estatuto de los Trabajadores). Contratos de trabajo: **mientras dure la relación laboral más 4 años**. Partes de baja médica, accidentes y prevención de riesgos: **5 años** (LISOS). (4) **Documentación de prevención de riesgos laborales** (LPRL): los registros médicos y exposición a agentes tóxicos pueden requerir conservación de **40 años**. (5) **Documentación de subvenciones recibidas**: durante el periodo de comprobación del organismo concedente, generalmente **4 años desde la justificación final**. (6) **Escrituras públicas, estatutos sociales, libro de actas, libro registro de socios**: **toda la vida de la sociedad y al menos 6 años después de su disolución**. (7) **RGPD**: los datos personales solo pueden conservarse el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para la que se recabaron, salvo obligación legal de mayor plazo. **Recomendación general**: conservar todo durante **al menos 6 años**, y los documentos relacionados con inversiones de RIC durante **al menos 10 años** desde la materialización (porque los plazos de prescripción se interrumpen y el control fiscal es exhaustivo).

Es la obligación de los administradores de responder con su patrimonio personal ante daños causados por decisiones negligentes en la empresa.

Operación donde una empresa adquiere todo el patrimonio de otra que se disuelve integrando sus activos y pasivos en la sociedad absorbente.

Documento notarial que identifica a las personas físicas que poseen más del 25% de una sociedad necesario para trámites bancarios.

Empresa cuya actividad principal es la tenencia de participaciones en otras sociedades para gestionar un grupo empresarial de forma eficiente.

Documento que audita el comportamiento de la empresa en temas Ambientales Sociales y de Gobernanza para inversores y bancos.

Sistema interno para que empleados informen de irregularidades de forma anónima obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores.

Modalidad rápida de cierre de empresa cuando el juez constata que no hay activos suficientes para pagar ni siquiera los gastos del proceso.

Responsabilidad que se exige a una persona o entidad solo cuando el deudor principal no puede pagar sus obligaciones.

Investigación exhaustiva de los aspectos jurídicos de una empresa antes de proceder a su compra o fusión.

Persona con poder para realizar actos en nombre de la empresa de forma independiente sin necesitar la firma de otros apoderados.

Protección legal del nombre o logo en la OEPM para evitar que terceros usen tu identidad corporativa sin permiso.

Seguro que cubre a profesionales y empresas ante errores u omisiones que causen un perjuicio económico a sus clientes.

Estado contable final que muestra el patrimonio resultante de una sociedad antes de repartirlo entre los socios al cerrar.

Permiso de residencia para inversores extranjeros que realicen una inversión inmobiliaria significativa (mínimo 500.000€) en territorio español.

Se solicita en la comisaría o consulado justificando intereses económicos profesionales o sociales en España (como comprar una casa).

Documento obligatorio para ciudadanos europeos que residan en Canarias por más de 3 meses acreditando medios económicos y seguro de salud.

Contrato por el cual el banco anticipa el importe de facturas o pagarés de clientes a cambio de un interés.

Servicio financiero donde una entidad bancaria gestiona los pagos de una empresa a sus proveedores permitiendo a estos anticipar el cobro.

Servicio donde el banco ofrece al proveedor cobrar la factura antes del vencimiento a cambio de un pequeño descuento financiero.

Medida de la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos.

El **modelo 036** es la **declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores** de la Agencia Tributaria. Es uno de los modelos fiscales más importantes porque sirve para **comunicarle a Hacienda quién eres, qué actividad ejerces, dónde y bajo qué régimen fiscal**. Existe también una versión simplificada (**modelo 037**) para autónomos personas físicas con situaciones muy estándar. **Cuándo se presenta el modelo 036**: (1) **Alta censal**: al iniciar una actividad económica como autónomo o sociedad. Hay que presentarlo **antes** de empezar la actividad. (2) **Modificación**: cuando cambie alguno de los datos declarados (domicilio fiscal, epígrafe IAE, régimen de tributación, datos bancarios para devoluciones, alta/baja en obligaciones tributarias, etc.). Hay un mes de plazo desde el cambio. (3) **Baja**: al cesar la actividad. (4) **Solicitud de NIF**: para personas jurídicas en constitución. **Datos clave que se declaran**: identificación del contribuyente, domicilio fiscal y de actividad, epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), regímenes de tributación a los que se acoge (estimación directa, módulos, IGIC general, IGIC simplificado, etc.), obligaciones de retenciones, comunicación de operaciones con países determinados, etc. **En Canarias**: hay que presentar el modelo 036 ante la AEAT y, adicionalmente, comunicar el alta en el IGIC ante la **Agencia Tributaria Canaria** mediante los modelos propios (modelo 400 generalmente). **Sanciones**: la falta de presentación o presentación fuera de plazo del modelo 036 es una infracción tributaria leve con multa de **400€** (200€ si se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo).

El sistema **Verifactu** es el conjunto de **requisitos técnicos y de seguridad** que debe cumplir el software de facturación de empresarios y profesionales en España, regulado por el **Real Decreto 1007/2023** que desarrolla el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria. Su finalidad es **garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas** emitidas y reducir el fraude fiscal mediante la lucha contra el software de doble uso. **Características técnicas obligatorias** del software Verifactu: (1) **Encadenamiento de registros** (cada factura incorpora una huella criptográfica de la anterior). (2) **Conservación íntegra e inalterable** de los registros de facturación. (3) **Posibilidad de remisión electrónica voluntaria** de los registros a la AEAT (modo "Verifactu activo") o conservación local con auditoría posterior (modo "no Verifactu"). (4) **Generación de un código QR** verificable en cada factura que permite consultar su autenticidad. (5) **Declaración responsable** del fabricante del software certificando el cumplimiento. **Calendario de entrada en vigor**: el Real Decreto 1007/2023 fijaba inicialmente el **1 de julio de 2025** como fecha para empresarios y autónomos, pero ha sufrido **sucesivas prórrogas** debido a la complejidad técnica. La fecha vigente más realista a abril de 2026 es **2026-2027** con implantación gradual. **Recomendación**: aunque la obligación esté prorrogada, cualquier nuevo software de facturación que adquieras debe ser **compatible con Verifactu**. En DG Canarias Group hemos desarrollado nuestro propio plugin **DG Optima** ya preparado técnicamente para Verifactu, lo que garantiza a nuestros clientes el cumplimiento futuro sin migrar de software.

La **facturación electrónica entre empresas (B2B)** es la obligación de emitir todas las facturas en formato electrónico estructurado entre empresarios y profesionales, sustituyendo el PDF o el papel tradicional. Está regulada en la **Ley 18/2022 Crea y Crece** (artículo 12) que modificó la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información para crear esta obligación. **Características clave**: (1) **Formato estructurado**: las facturas deberán emitirse en formato XML siguiendo el estándar Facturae u otro estándar europeo equivalente. No basta con un PDF, debe ser un fichero estructurado que pueda procesarse automáticamente. (2) **Plataformas**: las facturas se intercambiarán a través de la **plataforma pública de facturación electrónica** del Ministerio de Asuntos Económicos o de plataformas privadas certificadas. (3) **Información a Hacienda**: todas las facturas se reportarán automáticamente a la AEAT. (4) **Estado de las facturas**: el sistema permitirá conocer en tiempo real el estado de cada factura (aceptada, rechazada, pagada, etc.). **Calendario de entrada en vigor**: la Ley Crea y Crece entró en vigor en octubre de 2022 pero la facturación electrónica B2B requería un **reglamento técnico** que sigue en desarrollo. La fecha más realista es entre **2026 y 2027** para grandes empresas (cifra > 8 millones de euros) y posteriormente para el resto. **Excluidos**: facturas a consumidores finales (B2C), operaciones con entidades públicas (que ya están reguladas por FACe), operaciones con no residentes, facturas simplificadas. **Recomendación**: las empresas deberían empezar a preparar sus sistemas ya para no llegar tarde cuando se publique el reglamento definitivo.

La **doble imposición internacional** es la situación en la que una **misma renta tributa en dos países diferentes**, generalmente porque el país de residencia del contribuyente la grava por la renta mundial y el país de origen de la renta también la grava por estar generada en su territorio. Es un problema clásico del derecho fiscal internacional que penaliza la actividad económica transfronteriza. **Mecanismos para evitar la doble imposición**: (1) **Convenios bilaterales**: España ha firmado **Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI)** con más de **100 países** que reparten la potestad tributaria entre los dos Estados según el tipo de renta (dividendos, intereses, royalties, beneficios empresariales, plusvalías, rendimientos del trabajo, etc.). Los CDI suelen seguir el Modelo de Convenio de la OCDE y establecen tipos máximos de retención y reglas de exención. (2) **Deducción por doble imposición jurídica internacional** (artículo 31 de la Ley del IRPF y artículo 31 de la Ley del IS): cuando un contribuyente español ha pagado impuestos en el extranjero por una renta también gravada en España, puede deducir el menor de estos dos importes: el impuesto efectivamente pagado en el extranjero o el impuesto que habría correspondido pagar en España por esa misma renta. (3) **Exención por dividendos y plusvalías** (artículo 21 de la Ley del IS): los dividendos y plusvalías de cartera de filiales extranjeras pueden estar exentos en España si se cumplen ciertos requisitos (participación mínima del 5%, periodo de tenencia, tributación efectiva en origen, etc.). (4) **Régimen de impatriados (Ley Beckham)** para extranjeros que se desplazan a España con residencia limitada y tributación específica del 24%. En Canarias, la **ZEC** facilita la planificación internacional permitiendo estructurar operaciones con baja tributación.

El **Impuesto sobre el Patrimonio (IP)** es un tributo directo que grava el patrimonio neto (bienes y derechos menos deudas) de las personas físicas residentes en España. Está regulado en la **Ley 19/1991, de 6 de junio**. Es un **impuesto cedido a las Comunidades Autónomas**, lo que significa que cada comunidad puede modificar las bonificaciones y exenciones, generando importantes diferencias entre territorios. **Tributación general**: están obligados a presentar la declaración (modelo 714) los contribuyentes cuyo patrimonio neto supere los **2.000.000€** (con independencia de la cuota a pagar) o aquellos cuya cuota tributaria resulte a ingresar tras aplicar las bonificaciones autonómicas. Existe una **exención general de la vivienda habitual** de hasta 300.000€, una exención de los bienes y derechos afectos a actividades económicas, y una exención de las participaciones en empresas familiares (con requisitos). **En Canarias**: el Impuesto sobre el Patrimonio está vigente y se aplica con la normativa estatal sin bonificaciones autonómicas significativas, a diferencia de comunidades como Madrid (bonificación del 100%) o Andalucía (bonificación del 100% con condiciones). Los tipos son progresivos del **0,2% al 3,5%** sobre el patrimonio neto que exceda del mínimo exento. Para grandes patrimonios canarios, el IP puede suponer una factura significativa. **Adicionalmente**, en 2023 se creó el **Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF)** que grava patrimonios superiores a 3.000.000€ con tipos del 1,7% al 3,5% (es estatal y no puede ser bonificado por las comunidades). En DG Canarias Group asesoramos a clientes con patrimonios elevados en planificación fiscal patrimonial.

La **prescripción tributaria** es el plazo legal que tiene la Administración Tributaria para **comprobar, liquidar y reclamar** el pago de los tributos a los contribuyentes. Está regulada en los **artículos 66 y siguientes de la Ley General Tributaria (LGT)**. **Plazo general de prescripción: 4 años**. Este plazo aplica para: (1) **El derecho de la Administración a liquidar** la deuda tributaria mediante la oportuna comprobación. (2) **El derecho de la Administración a exigir el pago** de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. (3) **El derecho a solicitar las devoluciones** derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. (4) **El derecho a obtener** las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. **Cómputo del plazo**: empieza a contar desde el **día siguiente al vencimiento del plazo de presentación** de la correspondiente declaración o autoliquidación. Por ejemplo, el IRPF de 2025 (que se presenta hasta el 30 de junio de 2026) prescribe el **30 de junio de 2030**. **Interrupción de la prescripción**: cualquier actuación de la Administración (notificación, requerimiento, inicio de inspección) o del contribuyente (presentación de declaración complementaria, recurso) **interrumpe el plazo y empieza a contar de nuevo**. **Excepciones al plazo de 4 años**: (1) Las **bases imponibles negativas** y las **deducciones pendientes** del IS pueden comprobarse durante **10 años**. (2) Los delitos fiscales tienen plazos de prescripción penales más largos (5 años para defraudación inferior a 600.000€, 10 años para superior). En la práctica, conviene **conservar la documentación fiscal al menos 6 años** para protegerse ante cualquier comprobación.

Una **inspección tributaria** es el procedimiento por el cual la **Inspección de los Tributos** comprueba e investiga la situación tributaria de un contribuyente para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Está regulada en los **artículos 141 y siguientes de la Ley General Tributaria** y en el **Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria** (RD 1065/2007). **Tipos de inspección**: (1) **Parcial**: limitada a comprobar uno o varios conceptos tributarios, periodos o elementos concretos. (2) **General**: comprueba todos los conceptos tributarios del contribuyente en uno o varios periodos. **Inicio de la inspección**: se notifica al contribuyente mediante **Comunicación de inicio de actuaciones** que indica el alcance, los conceptos y periodos a comprobar, los lugares donde se realizarán y los documentos que debe aportar. **Plazo máximo**: el procedimiento de inspección tiene una **duración máxima de 18 meses** (ampliable a 27 meses en ciertos casos como cuando hay grupos consolidados, complejidad técnica o ingresos elevados). Si se supera el plazo sin causa justificada, la inspección no produce efectos interruptivos de la prescripción. **Resultado**: la inspección termina con la firma de un **Acta** que puede ser: (1) **De conformidad**: el contribuyente acepta la regularización propuesta. (2) **De disconformidad**: el contribuyente discrepa, y se sigue un procedimiento posterior con alegaciones, propuesta de liquidación y posibilidad de reclamación. (3) **Con acuerdo**: una negociación intermedia regulada en el artículo 155 LGT. **Cómo prepararse**: (1) Tener toda la documentación contable y fiscal **ordenada y accesible**. (2) **No firmar nada sin asesoramiento profesional**. (3) **Cumplir los plazos** de aportación de documentación. (4) Contar con un asesor fiscal experimentado durante toda la actuación. En DG Canarias Group acompañamos a nuestros clientes en todo el procedimiento de inspección.

El **aplazamiento y fraccionamiento de pago** a la Agencia Tributaria es la posibilidad que tiene un contribuyente de **diferir el pago de una deuda tributaria** cuando atraviesa dificultades transitorias de tesorería. Está regulado en los **artículos 65 y siguientes de la LGT** y en el **Reglamento General de Recaudación** (RD 939/2005). **Tipos**: (1) **Aplazamiento**: pago en una fecha posterior a la del vencimiento. (2) **Fraccionamiento**: división del pago en varios plazos a lo largo del tiempo. Ambos pueden combinarse. **Requisitos generales**: (1) **Solicitud expresa** ante la AEAT mediante el modelo correspondiente (presentación telemática habitualmente) **antes del vencimiento** del plazo voluntario. (2) **Justificación** de la situación de dificultad transitoria de tesorería que impide el pago en plazo. (3) **Garantías**: para deudas superiores a **50.000€** se exige aportar **garantía suficiente** (aval bancario, hipoteca, fianza personal, etc.). Para deudas inferiores a 50.000€ se aplica el régimen de **dispensa de garantías** sin necesidad de aportarlas. (4) **Intereses de demora**: el aplazamiento devenga intereses de demora al tipo legal (en 2026 ronda el 4,06% anual), salvo en casos puntuales donde se aplica el interés legal del dinero (3,25%). **Plazo máximo**: depende del importe de la deuda y de las garantías aportadas, generalmente entre **6 meses y 3 años**. **Deudas que NO se pueden aplazar**: las **retenciones** (IRPF de los trabajadores, etc.) salvo casos excepcionales muy restrictivos, las deudas en periodo ejecutivo notificado, y los pagos fraccionados del IS (aunque hay excepciones). **Recomendación**: solicitar el aplazamiento **siempre antes del vencimiento** voluntario y aportar documentación completa para acelerar la resolución. En DG Canarias Group ayudamos a nuestros clientes a tramitar y negociar aplazamientos con la AEAT y con la ATC.

La **declaración de la renta (IRPF)** para residentes en Canarias se presenta mediante el **modelo 100** ante la **AEAT estatal** (no ante la ATC), porque el IRPF es un impuesto estatal cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas. **Plazo de presentación 2026**: la campaña de la renta para el ejercicio 2025 se desarrolla generalmente del **2 de abril al 30 de junio de 2026** (el plazo se publica oficialmente cada año por la AEAT). El plazo para los borradores con domiciliación bancaria suele cerrar el 25 de junio. **Particularidades canarias**: aunque el modelo es el mismo que en el resto de España, los residentes en Canarias aplican: (1) **Tramo autonómico canario del IRPF**: la Ley 9/2025 de Presupuestos de Canarias 2026 ha aprobado una **nueva escala autonómica** con tipos del 9% al 26%, generalmente más baja que en otras comunidades. (2) **Deducciones autonómicas canarias**: por nacimiento o adopción de hijos, por familia numerosa, por gastos en estudios, por inversión en vivienda habitual, por donativos a entidades canarias, por gastos de guardería, por arrendamiento de vivienda habitual, y la nueva **deducción por inversión en sociedades canarias de nueva creación** (20% con límite 4.000€, o 30% con límite 6.000€). (3) **Bonificación La Palma**: bonificaciones específicas para residentes afectados por el volcán. (4) **NO declaran IGIC en el IRPF**: el IGIC es un impuesto independiente (modelo 420 trimestral). (5) **Aplicación de RIC para autónomos en estimación directa**: hasta el 90% del rendimiento neto de la actividad económica. La declaración de la renta de un residente canario suele resultar más favorable que la de un residente peninsular gracias a estas deducciones autonómicas y al menor tipo autonómico.

Presentar un impuesto fuera de plazo tiene consecuencias diferentes según si la presentación es **espontánea** (antes de cualquier requerimiento de Hacienda) o tras **requerimiento** de la Administración. **Presentación espontánea fuera de plazo SIN requerimiento previo** (recargos del artículo 27 LGT, en redacción reformada por la Ley 11/2021): (1) **Hasta 12 meses de retraso**: recargo del **1% más un 1% adicional por cada mes completo de retraso**. (2) **Más de 12 meses de retraso**: recargo del **15%** + intereses de demora desde el cierre del 12º mes. Estos recargos sustituyen a las sanciones y a los intereses de demora del periodo ordinario. Adicionalmente, se reducen un **25%** si se paga la liquidación dentro del plazo voluntario y no se recurre. **Presentación tras requerimiento de la Administración**: en este caso ya no se aplican los recargos del 27, sino que la Administración inicia un procedimiento de comprobación que puede acabar con: (1) **Liquidación** de la cuota debida + intereses de demora (al ~4% anual) + **sanción tributaria** (entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar según la gravedad). (2) Si la conducta se considera **muy grave** (ocultación, medios fraudulentos), las sanciones pueden llegar al 150% e incluso al ámbito penal si se superan los 120.000€ de defraudación. **Recomendación**: si te das cuenta de que has presentado mal o no has presentado un impuesto, **regularízate voluntariamente cuanto antes** mediante una declaración complementaria. Los recargos por presentación espontánea son mucho más bajos que las sanciones por requerimiento. En DG Canarias Group ayudamos a nuestros clientes a regularizar situaciones tributarias y minimizar el coste del retraso.

Mecanismo donde el cliente es quien autoliquida el impuesto en lugar del proveedor habitual en ciertas operaciones de construcción o servicios.

Modelo para declarar retenciones de IRPF sobre rendimientos del capital mobiliario como el pago de intereses de préstamos o dividendos.

Resumen anual informativo de las retenciones por alquileres de locales que debe coincidir con los modelos 115 trimestrales.

Es la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades donde se liquida el impuesto según el beneficio contable ajustado fiscalmente.

Resumen anual de retenciones del IRPF que consolida toda la información enviada en los modelos 111 del año.

Permite no ingresar el IGIC a Hacienda hasta que no se cobre la factura aunque obliga a no deducir el IGIC soportado hasta que no se pague.

Declaración informativa anual de operaciones con terceros que superen los 3.005,06 euros anuales.

Es la cuantía sobre la que se aplica el porcentaje del impuesto para calcular la cuota a pagar.

Pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que se presenta en abril octubre y diciembre.

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero cuando superan los 50.000€ (cuentas inmuebles valores).

Declaración informativa específica sobre la tenencia de criptomonedas y activos digitales situados en el extranjero.

Norma que obliga a incluir en la base imponible del IRPF o Sociedades ciertas rentas obtenidas por entidades no residentes controladas por el contribuyente.

Procedimiento por el cual el propio contribuyente comunica a Hacienda los datos y calcula el importe de la deuda tributaria a pagar.

Es un tributo estatal que grava patrimonios netos superiores a 3 millones de euros para armonizar la tributación entre comunidades autónomas.

Se produce normalmente cuando se presta el servicio o en el momento del cobro total o parcial si hay pagos anticipados.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes para extranjeros que obtienen rentas en España (como alquileres) sin tener establecimiento permanente.

Notificación de Hacienda donde tras una revisión modifican tu declaración inicial y te exigen el pago de la diferencia.

Declaración de retenciones de IRPF e Impuesto de Sociedades sobre rentas del capital como intereses de préstamos o dividendos.

Plazo de 4 años tras el cual Hacienda ya no puede exigir el pago de un impuesto ni sancionar por errores en el mismo.

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (compras y ventas dentro de la Unión Europea).

Se declaran como ganancias o pérdidas patrimoniales en el IRPF. Es obligatorio informar de su tenencia en el extranjero mediante el modelo 721.

Modelo trimestral para declarar e ingresar las retenciones de IRPF sobre el alquiler de inmuebles urbanos donde se desarrolla la actividad.

Resumen anual del IGIC donde se consolidan todas las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.

Modelo para solicitar el NIF darse de alta en el censo de empresarios y comunicar cualquier cambio de domicilio o actividad.

Pago fraccionado del IRPF para autónomos que tributan por el sistema de módulos (estimación objetiva).

Régimen de IGIC obligatorio para comerciantes minoristas que simplifica sus obligaciones a cambio de pagar un recargo en sus compras.

Situación donde una misma renta tributa en dos países diferentes evitable mediante convenios internacionales o deducciones.

Canarias mantiene en 2026 una de las **bonificaciones más generosas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de toda España** para familiares directos. Los herederos del **Grupo I** (descendientes y adoptados menores de 21 años) y del **Grupo II** (descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes) disfrutan de una **bonificación de hasta el 99,9%** de la cuota tributaria del impuesto, lo que en la práctica reduce el impuesto a una cantidad simbólica para la mayoría de herencias entre padres-hijos y entre cónyuges. La bonificación se aplica sobre la cuota íntegra resultante tras las reducciones legales de la base imponible (por parentesco, por discapacidad, por vivienda habitual, etc.) y tiene como objetivo facilitar el relevo generacional patrimonial sin que las familias canarias tengan que vender bienes para pagar el impuesto. Los herederos del **Grupo III** (hermanos, sobrinos, tíos, etc.) y del **Grupo IV** (parientes lejanos y extraños) tienen bonificaciones más limitadas o nulas según el caso. Es muy importante presentar la declaración del impuesto en el plazo de **6 meses** desde el fallecimiento (prorrogables otros 6 meses si se solicita) para conservar el derecho a la bonificación. Un fallo de plazo o la falta de aplicación correcta de la bonificación puede convertir una herencia "casi gratis" en una factura fiscal grave. En DG Canarias Group asesoramos a familias en toda la planificación sucesoria.

Sí pero el Reglamento de IA de la UE exige transparencia y supervisión humana para evitar sesgos discriminatorios en las contrataciones.

Es la habilidad de redactar instrucciones precisas para que las IAs generativas devuelvan resultados útiles y exactos para el negocio.

Sí los gastos en protección contra ciberataques y servicios de monitorización con IA son totalmente deducibles como gasto necesario.

Proceso de supervisión y reentrenamiento de algoritmos para asegurar que sigan siendo precisos y no pierdan eficiencia con el tiempo.

Derecho del usuario a entender cómo una IA ha tomado una decisión que le afecta especialmente en ámbitos financieros o laborales.

En 2026 es una certificación voluntaria que garantiza que los sistemas de IA de la empresa respetan la ética y la privacidad.

Error sistemático en una IA que genera resultados injustos o discriminatorios hacia ciertos grupos debiendo ser auditado por la empresa.

Puede generar borradores pero es imprescindible la revisión por un abogado experto de DG Canarias Group para garantizar la validez legal.

Tecnología de IA que permite a las máquinas entender e interpretar el lenguaje humano usada en chatbots de atención al cliente.

El IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) es el impuesto indirecto sobre el consumo que se aplica en las Islas Canarias, en sustitución del IVA peninsular. Se rige por la Ley 20/1991, de 7 de junio, y la Ley 4/2012, de 25 de junio, y forma parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario. Su gestión corresponde a la **Agencia Tributaria Canaria (ATC)**, no a la AEAT estatal. Funciona de forma muy similar al IVA: lo repercuten los empresarios y profesionales en sus facturas, lo soportan los consumidores finales y los sujetos pasivos pueden deducir el IGIC soportado en sus compras. La diferencia clave es que los **tipos impositivos del IGIC son sustancialmente más bajos**: el tipo general es del **7% frente al 21% del IVA** peninsular, lo que supone una ventaja competitiva enorme para empresas canarias. Una venta entre Canarias y la Península no lleva IVA pero sí está sujeta a IGIC en aduana como importación, y a la inversa. El IGIC se aplica también en el espacio aéreo canario y hasta 12 millas náuticas alrededor del archipiélago.

En 2026 existen los siguientes tipos del IGIC tras la Ley 9/2025 de Presupuestos de Canarias: **Tipo cero (0%)**: alimentos básicos, agua, libros, periódicos, medicamentos humanos, productos sanitarios específicos, vivienda protegida, transporte aéreo y marítimo de pasajeros entre islas, camas médicas y hospitalarias (novedad 2026, antes 3%). **Tipo 1% (NUEVO 2026)**: petróleo y productos derivados del refino, incluso mezclados con biocarburantes (antes 0%). **Tipo reducido 3%**: industria minera, química, textil, madera, papel, transporte terrestre, reparación de vehículos, productos sanitarios no exentos, equipos de protección, servicios deportivos como pilates y yoga. **Tipo general 7%**: residual, para todo lo no incluido en otros tipos (ropa, electrodomésticos, telecomunicaciones, hostelería, servicios profesionales, etc.). **Tipo incrementado 9,5%**: vehículos de motor, embarcaciones, motos de agua. **Tipo incrementado 15%**: bebidas alcohólicas, cigarros puros (>1,80€/unidad), joyería, peletería, perfumería, bebidas energéticas (subido en 2026 desde el 7%). **Tipo especial 20%**: tabaco negro y rubio. La novedad principal de 2026 es la creación del tipo 1% para combustibles y la subida de las bebidas energéticas al 15%.

El modelo 420 es la **autoliquidación trimestral del IGIC** que deben presentar los sujetos pasivos del impuesto en régimen general (similar al modelo 303 del IVA peninsular). Lo gestiona la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y se presenta por vía telemática a través de su sede electrónica. Los plazos de presentación trimestrales son: **Primer trimestre (enero-marzo): del 1 al 20 de abril**. **Segundo trimestre (abril-junio): del 1 al 20 de julio**. **Tercer trimestre (julio-septiembre): del 1 al 20 de octubre**. **Cuarto trimestre (octubre-diciembre): del 1 al 30 de enero del año siguiente**. En el modelo 420 se declaran tanto el IGIC repercutido en las facturas emitidas como el IGIC soportado en las facturas recibidas, calculando la diferencia que toca pagar o solicitar a devolver. Si el resultado es a devolver, el sujeto pasivo puede compensarlo en futuros trimestres o pedir su devolución (normalmente al cierre del ejercicio). Es obligatorio para la mayoría de empresas y autónomos canarios sujetos al IGIC, salvo los que estén en el régimen simplificado (modelo 421) o el régimen especial del comerciante minorista. El incumplimiento del plazo conlleva recargos automáticos.

El modelo 425 es la **declaración resumen anual del IGIC**, equivalente al modelo 390 del IVA peninsular. Es un modelo informativo (no se ingresa nada con él) que consolida todas las operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal y debe presentarlo cualquier sujeto pasivo del IGIC obligado a presentar el modelo 420 durante el año. Se presenta del **1 al 30 de enero** del año siguiente al ejercicio que se declara. En el modelo 425 se detalla por trimestres y de forma agregada: el volumen total de operaciones, las operaciones interiores sujetas y exentas, las exportaciones a Península y al extranjero, las adquisiciones intracomunitarias, las cuotas de IGIC repercutidas y soportadas por cada tipo impositivo (0%, 3%, 7%, 9,5%, 15%, etc.), y el resultado anual del impuesto. Es una declaración crítica porque permite a la Agencia Tributaria Canaria cruzar todos los datos del ejercicio y detectar inconsistencias con los modelos trimestrales presentados. Errores u omisiones en el modelo 425 pueden activar requerimientos o inspecciones. Conviene revisar bien todos los datos antes de presentarlo y asegurarse de que cuadra exactamente con la suma de los cuatro trimestres del modelo 420.

El régimen del comerciante minorista del IGIC es un régimen especial pensado para simplificar la fiscalidad de los pequeños comerciantes que venden mayoritariamente al consumidor final. Para acogerse, el comerciante debe cumplir que **al menos el 70% de sus ventas se realicen a consumidores finales** (no a empresarios o profesionales) desde un establecimiento situado en Canarias. Los comerciantes minoristas acogidos a este régimen **no repercuten IGIC en sus ventas** (sus facturas no llevan IGIC) y, como contrapartida, **no pueden deducir el IGIC soportado en sus compras**. Sin embargo, las importaciones de bienes que realicen están sujetas a un **recargo especial** que se aplica además del IGIC normal: 0% para tipo cero, 0,3% para tipo reducido del 3%, **0,7% para tipo general del 7%**, 0,95% para tipo incrementado del 9,5%, y 1,5% para tipo incrementado del 15%. Este régimen simplifica enormemente las obligaciones formales del minorista (no presenta modelo 420 trimestral por las ventas) pero le impide recuperar el IGIC de sus compras. Conviene analizar caso por caso si el régimen minorista es ventajoso o si conviene tributar en régimen general. En DG Canarias Group hacemos esta valoración para nuestros clientes comerciantes.

Las ventas de bienes desde Canarias a la Península **están exentas de IGIC** porque se consideran exportaciones a efectos del impuesto. Sin embargo, el comprador peninsular debe pagar el **IVA correspondiente al recibir el bien**, ya que para él se trata de una importación de territorio no comunitario a efectos de IVA (Canarias no forma parte del territorio de aplicación común del IVA aunque sí esté en la UE). El sujeto pasivo canario que vende a la Península debe documentar correctamente la operación con factura sin IGIC, mencionando expresamente la exención por exportación, y conservar el DUA (Documento Único Administrativo) o documento equivalente que acredite la salida física del bien de Canarias. Para servicios prestados desde Canarias a clientes peninsulares las reglas son distintas y dependen del tipo de servicio y del cliente: en general, los servicios B2B (a empresarios) se localizan donde está el destinatario y por tanto no llevan IGIC, mientras que los servicios B2C (a consumidores) pueden llevar IGIC según el tipo. Es una operativa con muchos matices que conviene analizar caso por caso para no aplicar mal el impuesto y arriesgar inspecciones.

Esta es una de las preguntas más confusas porque mucha gente aplica las reglas del IVA peninsular cuando en Canarias rigen las del IGIC, que tienen matices propios. La regla general en IGIC para vehículos de turismo afectos a la actividad empresarial o profesional es que se admite la **deducción del 50% del IGIC soportado** en su adquisición, mantenimiento y combustible, cuando el vehículo está parcialmente afecto a la actividad. Para deducir el **100% del IGIC** es necesario acreditar que el vehículo está exclusivamente afecto a la actividad empresarial, lo que se presume en casos como vehículos industriales o comerciales (furgonetas, camiones, vehículos mixtos para transporte de mercancías), vehículos destinados a transporte público de viajeros, vehículos de empresas de alquiler, vehículos de autoescuela, vehículos de servicios de seguridad y vehículos de representantes o agentes comerciales. Para vehículos de turismo de uso mixto (laboral y personal) lo habitual es la deducción del 50%. La AEAT y la ATC controlan especialmente este punto y exigen prueba de la afectación. **Importante**: este régimen es del IGIC y aplica solo en Canarias, NO confundir con las reglas del IVA peninsular que tienen una redacción similar pero están sujetas a interpretaciones diferentes.

El IGIC tiene varias exenciones importantes reguladas en los artículos 11 y siguientes de la Ley 20/1991 y en el artículo 50 de la Ley 4/2012. Las principales exenciones objetivas son: servicios médicos y sanitarios (incluidos los de profesionales sanitarios colegiados), servicios educativos (enseñanza reglada y universitaria), servicios postales públicos, servicios sociales, operaciones financieras y de seguros, alquiler de vivienda habitual (NO el turístico), transmisiones de inmuebles usados (sujetas a ITP en su lugar), operaciones de juego, y servicios culturales prestados por entidades sin ánimo de lucro. También están exentas las exportaciones a Península y al extranjero, las entregas a otras entidades ZEC (entre entidades del régimen ZEC), y determinadas operaciones del régimen REF. La Ley 9/2025 amplió en 2026 la exención del IGIC a **servicios sociales prestados mediante gestión indirecta** (antes solo gestión directa). Estar exento del IGIC tiene una contrapartida importante: las empresas con operaciones exclusivamente exentas no pueden deducir el IGIC soportado en sus compras y servicios, lo que en muchos casos las obliga a soportar el coste del impuesto sin poder recuperarlo. Conviene analizar bien si conviene operar en régimen exento o renunciar a la exención cuando es posible.

La vivienda vacacional (VV) en Canarias tributa de forma diferente según los servicios que ofrezca. Si la VV se limita al **alquiler puro y simple del inmueble**, sin prestar servicios complementarios típicos de la industria hotelera (limpieza durante la estancia, recepción, restauración, etc.), está **exenta de IGIC** como cualquier alquiler de vivienda. Sin embargo, si la VV ofrece **servicios propios de la industria hotelera** (cambio diario de ropa, limpieza intermedia, recepción, desayuno, etc.), se considera asimilada a actividad de hospedaje y entonces **tributa al tipo del 7% del IGIC** sobre el importe íntegro del alquiler. La distinción es crítica porque cambia totalmente la carga fiscal. En la práctica, la mayoría de viviendas vacacionales gestionadas a través de plataformas como Airbnb o Booking sí prestan algún servicio mínimo (al menos limpieza al cambio de huésped) pero ese servicio puntual no convierte la operación en hostelería: la clave está en si los servicios son durante la estancia o solo entre estancias. En todo caso, la VV debe estar dada de alta en el registro turístico canario correspondiente y cumplir la normativa turística municipal y autonómica. Las inspecciones de la ATC sobre VV se han intensificado mucho en los últimos años: conviene tener bien documentado el régimen aplicado.

Pueden solicitar la devolución del IGIC los sujetos pasivos del impuesto en régimen general que, al cierre del ejercicio o de un periodo de liquidación, tengan un saldo a favor (han soportado más IGIC del que han repercutido). La devolución se puede pedir de varias formas según el caso: (1) **Compensación en periodos siguientes**: lo más habitual; el saldo a favor se arrastra al siguiente trimestre. (2) **Devolución a final de año**: en la última autoliquidación del ejercicio (modelo 420 del cuarto trimestre, presentado en enero) puede solicitarse la devolución del saldo acumulado. (3) **Régimen de devolución mensual (REDEME)**: las empresas inscritas en este registro especial pueden solicitar la devolución mensualmente en lugar de esperar al cierre del ejercicio, lo que mejora notablemente su tesorería. Las nuevas empresas con grandes inversiones iniciales o las exportadoras a Península son candidatas típicas al REDEME. (4) **Devolución para empresarios no establecidos** (modelo 360-361): empresarios de fuera de Canarias que han soportado IGIC en el archipiélago pueden pedirlo dentro del periodo establecido. En todos los casos la ATC dispone de plazos legales para resolver y, en caso de demora, debe abonar intereses de demora al contribuyente. La gestión correcta de las devoluciones de IGIC es clave para la salud financiera de muchas empresas canarias.

Tributo anual municipal que grava la propiedad de fincas urbanas rústicas o de características especiales.

Inversión en startups o empresas con alto potencial de crecimiento a cambio de una participación en el capital social.

Modelo donde múltiples inversores aportan pequeñas cantidades para financiar un proyecto empresarial a cambio de acciones o participaciones.

Indicador financiero que mide cuánto dinero ha ganado o perdido una empresa en relación con el capital invertido.

Acuerdo por el cual un trabajador se compromete a no trabajar para la competencia por un tiempo tras dejar la empresa a cambio de compensación.

Notificación oficial realizada a través de un notario para dejar constancia fehaciente de una comunicación o exigencia a un tercero.

Contrato por el cual dos o más personas ponen en común dinero bienes o industria para repartir entre sí las ganancias sin ser una SL.

Derecho de los socios mayoritarios a obligar a los minoritarios a vender sus acciones si existe una oferta de compra por el 100% de la empresa.

Derecho de los socios minoritarios a unirse a una venta iniciada por los mayoritarios en las mismas condiciones de precio y forma.

Documento donde una persona declara unos hechos bajo su responsabilidad para que quede constancia oficial de los mismos.

Método de resolución de conflictos donde un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio.

Decisión dictada por un árbitro que pone fin a un conflicto entre partes con la misma fuerza legal que una sentencia judicial.

Forma de iniciar un proceso penal donde el denunciante participa activamente como parte en el juicio.

Fase que se inicia cuando fracasa el acuerdo extrajudicial de pagos dentro de un proceso de segunda oportunidad.

El **Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026** está fijado en **1.221€ brutos mensuales en 14 pagas**, lo que equivale a **17.094€ brutos anuales** o **40,70€ brutos diarios**. Fue aprobado por el **Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero**, publicado en el BOE del 19/02/2026, y tiene **efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026**. Supone una subida del 3,1% (37€/mes más) respecto al SMI 2025 (1.184€). **Novedad importante**: el SMI 2026 está **exento de tributación en el IRPF**, lo que significa que las personas que cobran exactamente el SMI no pagan IRPF aunque pueden tener retención mensual que se les devuelve en la declaración anual. **Cómo afecta a la nómina**: si tu salario bruto era inferior a 17.094€/año en 2026, tu empresa está obligada a actualizarte el sueldo al menos hasta esa cantidad. Si ya cobrabas más, no hay obligación de subida. **Para empresas en Canarias**: la subida del SMI también afecta a las cotizaciones sociales, ya que el SMI es la base mínima de cotización. El coste empresa real (salario + cotizaciones) por cada trabajador a SMI ronda los **22.000€/año**. La subida del SMI 2026 supone para las empresas con plantillas en el SMI un sobrecoste anual de unos **700€ por empleado** entre salario y cotizaciones.

La **reforma laboral de 2021** (Real Decreto-ley 32/2021) reforzó la modalidad de **contrato fijo-discontinuo** convirtiéndolo en una de las opciones principales para trabajos estacionales o intermitentes. La diferencia clave entre indefinido y fijo-discontinuo es: el **contrato indefinido ordinario** se basa en una prestación continuada de servicios sin interrupciones programadas, mientras que el **contrato fijo-discontinuo** se utiliza para trabajos de **naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas que se repiten en fechas ciertas o inciertas dentro del volumen de actividad de la empresa**. El trabajador fijo-discontinuo es **fijo de plantilla** (tiene los mismos derechos que un indefinido) pero solo presta servicios durante los periodos de actividad. Cuando termina la temporada se le da de baja temporalmente y cuando empieza la siguiente, la empresa está **obligada a llamarlo por orden de antigüedad**. **Aplicaciones típicas en Canarias**: hostelería de temporada, agricultura del plátano y tomate, sector turístico de invierno, eventos y ferias, comercio en zonas turísticas. Es la fórmula que ha venido a sustituir gran parte del antiguo contrato eventual. **Ventajas para la empresa**: estabilidad de plantilla cualificada, simplificación administrativa, exención de indemnización en cada llamada-cese. **Ventajas para el trabajador**: derechos plenos de fijo, antigüedad continua, acceso a paro entre temporadas, protección contra despido. En DG Canarias Group asesoramos a empresas hosteleras y agrícolas canarias en la correcta aplicación de esta modalidad.

Sí, el **registro horario de jornada es obligatorio para todas las empresas** en España desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019. La obligación afecta a **todos los trabajadores por cuenta ajena**, independientemente de su categoría profesional, tipo de contrato (incluidos los a tiempo parcial) o modalidad de trabajo (presencial, remoto o mixto). El registro debe incluir el **horario concreto de inicio y fin** de la jornada de cada trabajador (no basta con un horario teórico) y debe **conservarse durante 4 años** a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo. **Para teletrabajo**: la Ley 10/2021 del Trabajo a Distancia confirmó expresamente que el registro horario es **plenamente aplicable al teletrabajo**, debiendo realizarse mediante medios digitales que garanticen la veracidad y trazabilidad de los datos (no basta con una hoja Excel manual sin firma). El sistema debe permitir al trabajador fichar la entrada y salida, y registrar pausas si las hay. **Sanciones**: el incumplimiento del registro horario es una **infracción grave** de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) con multas de **751€ a 7.500€** por empresa (no por trabajador). La Inspección de Trabajo en Canarias ha intensificado las inspecciones de registro horario en hostelería, comercio y construcción. En DG Canarias Group hemos desarrollado nuestro propio plugin de **fichaje electrónico** integrado con WordPress para que nuestros clientes cumplan la normativa con un sistema fiable, trazable y económico, válido también para teletrabajadores y trabajadores en movilidad.

El **permiso parental** es un nuevo derecho laboral introducido en España por el **Real Decreto-ley 5/2023** que traspuso la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación. Concede a los trabajadores por cuenta ajena un **permiso de hasta 8 semanas** para el cuidado de hijos o menores acogidos **de hasta 8 años de edad**. **Características clave**: (1) **Duración**: máximo 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. Se puede disfrutar **de forma continua o discontinua** según se acuerde con la empresa. (2) **Carácter**: en su redacción inicial era un **permiso no retribuido** (la empresa no paga salario durante el disfrute), aunque en negociación colectiva o por acuerdo con la empresa puede pactarse remuneración. (3) **Solicitud**: debe solicitarse con una **antelación mínima de 10 días** salvo casos de fuerza mayor, indicando inicio, fin y modalidad. (4) **Compatibilidad**: es compatible con otros permisos de conciliación (cuidado de menor con enfermedad grave, lactancia, reducción de jornada, etc.). (5) **Protección**: el trabajador no puede ser despedido ni discriminado por solicitar o disfrutar este permiso (nulidad objetiva del despido). **Pendiente de desarrollo**: el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones la intención de **convertir parte de este permiso parental en retribuido** mediante prestación de la Seguridad Social, pero a fecha de abril de 2026 sigue siendo no retribuido salvo mejora pactada en convenio o contrato individual. En DG Canarias Group asesoramos a empresas y trabajadores en la correcta tramitación de estos permisos.

El **periodo de prueba** es el tiempo inicial del contrato laboral durante el cual tanto la empresa como el trabajador pueden **rescindir la relación laboral sin preaviso ni indemnización** y sin necesidad de alegar causa. Está regulado en el **artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores**. **Duración máxima** según el ET: (1) **Técnicos titulados**: hasta **6 meses**. (2) **Resto de trabajadores**: hasta **2 meses**. (3) **Empresas de menos de 25 trabajadores**: hasta **3 meses para no titulados**. Estos límites pueden ser **modificados por convenio colectivo** dentro de unos márgenes razonables. **Requisitos formales**: el periodo de prueba debe **constar por escrito** en el contrato (si no consta, se entiende que no existe). Es **nulo el periodo de prueba** cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones en la empresa con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación. **Durante el periodo de prueba**: el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro empleado (salario, cotización, vacaciones proporcionales, etc.) salvo los derivados de la resolución del contrato. **Suspensión**: las situaciones de IT, maternidad, adopción, riesgo durante el embarazo o violencia de género **suspenden** el cómputo del periodo de prueba si así se acuerda. **Sentencia importante**: el Tribunal Supremo ha dictaminado que el desistimiento empresarial en periodo de prueba debe estar basado en una causa real (no discriminatoria) aunque no haya que justificarla expresamente. Despidos por embarazo, baja médica o discriminación son nulos aunque sea en periodo de prueba.

El **despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP)** es la modalidad de despido regulada en el **artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores** que permite a la empresa extinguir contratos individuales cuando concurren determinadas situaciones objetivas que justifican la amortización del puesto de trabajo. **Causas económicas**: cuando los resultados de la empresa muestran una **situación económica negativa**, entendiéndose como tal la existencia de **pérdidas actuales o previstas**, o la **disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante 3 trimestres consecutivos** (comparados con los mismos trimestres del año anterior). **Causas técnicas**: cambios en los medios o instrumentos de producción. **Causas organizativas**: cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. **Causas productivas**: cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. **Procedimiento**: la empresa debe **comunicar por escrito** al trabajador el despido con **15 días de preaviso**, expresando claramente la causa, y poner a su disposición simultáneamente la **indemnización legal de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades**. **Si el despido es declarado improcedente** por un juzgado de lo social, la indemnización sube a **33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades**. Si es declarado nulo (discriminación, vulneración de derechos fundamentales), la empresa debe readmitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación. Es uno de los procedimientos más utilizados en empresas en dificultades.

La **excedencia voluntaria** es un derecho del trabajador con cierta antigüedad reconocido en el **artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores** que permite **suspender la relación laboral temporalmente** sin perder la vinculación con la empresa. **Requisitos**: (1) Tener **al menos 1 año de antigüedad** en la empresa. (2) **Duración**: mínimo 4 meses, máximo 5 años. (3) Solo se puede ejercer este derecho de nuevo cuando **hayan transcurrido 4 años** desde el final de la excedencia anterior. **Características clave**: durante la excedencia voluntaria el contrato queda **suspendido**: la empresa no paga salario, no cotiza por el trabajador a la Seguridad Social, y el trabajador no acumula vacaciones ni antigüedad a efectos de despido (sí a efectos de carrera profesional en algunas convenios). **Reincorporación**: el trabajador en excedencia voluntaria solo tiene un **derecho preferente a reingresar** en plazas vacantes de igual o similar categoría, **no un derecho automático**. Si no hay vacante, la empresa puede no readmitirle (y entonces se considera extinción del contrato sin derecho a indemnización). **Por contraste**, la **excedencia por cuidado de hijos** o de familiares es muy distinta: el trabajador conserva el derecho automático a reincorporarse al mismo puesto durante el primer año, durante 15 meses se computa como cotización efectiva, y la empresa tiene bonificaciones en las cuotas si contrata interinos para sustituir. Conviene no confundir ambas excedencias.

La **movilidad geográfica** es el derecho de la empresa, regulado en el **artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores**, a **trasladar a un trabajador a otro centro de trabajo** que exija **cambio de residencia**. Es una de las medidas de flexibilidad empresarial más controvertidas. **Causas justificativas**: la empresa debe acreditar **causas económicas, técnicas, organizativas o de producción** (las mismas categorías que el despido objetivo). No basta con la mera conveniencia empresarial. **Procedimiento**: notificación al trabajador y a sus representantes legales **con al menos 30 días de antelación** a la fecha del traslado. **Opciones del trabajador**: ante la decisión de movilidad geográfica, el trabajador puede: (1) **Aceptar el traslado**: la empresa debe abonar los gastos de mudanza propios y de los familiares a su cargo. (2) **Optar por la extinción del contrato** con derecho a una indemnización de **20 días de salario por año trabajado, con máximo de 12 mensualidades**. (3) **Impugnar la decisión** ante el juzgado de lo social en un plazo de 20 días hábiles. Si el juez estima la demanda, ordenará la **reposición** del trabajador en su centro original. **Movilidad colectiva**: cuando afecte a un determinado número de trabajadores en relación con el tamaño de la empresa, requiere un **periodo de consultas previo** con los representantes legales de los trabajadores de 15 días de duración. **En Canarias**: la movilidad geográfica entre islas se considera siempre cambio de residencia y aplican las mismas reglas. Es un derecho/obligación con muchos matices que conviene gestionar con asesoramiento.

Canarias cuenta con **bonificaciones específicas a la contratación** dentro del marco del REF que se suman a las bonificaciones estatales generales. La principal es la **bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social** del Régimen General para los trabajadores residentes en Canarias, regulada en la **Disposición Adicional Trigésima del REF**. Esta bonificación es del **35-40%** sobre las cuotas empresariales por contingencias comunes para empresas con menos de 50 trabajadores y porcentajes inferiores para empresas mayores, aplicable a todos los trabajadores residentes en Canarias contratados en determinadas condiciones (puestos creados, mantenimiento de empleo, sectores estratégicos, etc.). Adicionalmente existen bonificaciones específicas para: (1) **Contratación de jóvenes** (menores de 30 años) en programas de empleo juvenil. (2) **Contratación de personas con discapacidad**: bonificaciones de 4.500€ a 6.300€ anuales por contrato indefinido más reducción del 100% de cuotas durante 4 años para el primer trabajador con discapacidad de las pymes. (3) **Mujeres víctimas de violencia de género o trata de seres humanos**: bonificaciones específicas. (4) **Mayores de 52 años desempleados**: programa "+uno52" anunciado por el Gobierno de Canarias para 2026. (5) **Investigadores y personal científico**: bonificaciones del 40% en cuotas. (6) **Contratos formativos en alternancia**: bonificaciones específicas durante toda la duración del contrato. En DG Canarias Group hacemos auditorías de bonificaciones a nuestros clientes empleadores para identificar todas las que pueden aplicarse y maximizar el ahorro.

El **Sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos)** es la **plataforma telemática obligatoria** de la Tesorería General de la Seguridad Social para la gestión de altas, bajas, variaciones de datos, comunicaciones y cotizaciones de los trabajadores. Su uso es obligatorio para todas las empresas con trabajadores por cuenta ajena, así como para los autónomos del RETA en muchas gestiones. El acceso al sistema RED requiere disponer de **certificado digital** o estar autorizado a través de un colaborador (como una asesoría laboral). **Funcionalidades principales**: (1) **Afiliación**: alta, baja y variaciones de datos de los trabajadores en el régimen correspondiente. (2) **Cotización**: presentación mensual de los seguros sociales (TC1 y TC2 históricos, ahora unificados en el sistema de **Liquidación Directa** o "Cret@"). (3) **Comunicaciones**: notificaciones electrónicas de la TGSS, requerimientos, acuses de recibo. (4) **Recaudación**: domiciliación de cuotas mensuales. (5) **Información**: consulta de bases de cotización, vidas laborales, certificados. **Sistema de Liquidación Directa (Cret@)**: desde 2015 sustituyó al sistema antiguo de autoliquidación: ahora la Seguridad Social calcula directamente las cuotas a pagar y la empresa solo debe **confirmar** los datos antes del cargo en cuenta. El plazo para confirmar y pagar es del **día 1 al 24 de cada mes** para el periodo de liquidación del mes anterior. La falta de presentación o el retraso conllevan recargos del 10% al 20% sobre la cuota debida. En DG Canarias Group gestionamos el sistema RED y la liquidación directa de todos nuestros clientes empleadores.

El **Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)** es una **cotización adicional** al sistema de la Seguridad Social creada por la **Ley 21/2021** dentro del paquete de reformas del sistema de pensiones. Su finalidad es **reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social** para garantizar las pensiones de las generaciones futuras ante el envejecimiento demográfico. **Funcionamiento**: el MEI es un **porcentaje adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes** que se aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos del RETA. **Tipos vigentes en 2026**: **0,9%** (subió desde el 0,8% en 2025). De este porcentaje, el **0,75%** lo paga la empresa y el **0,15%** el trabajador en el caso del Régimen General. Para los autónomos del RETA, el MEI lo paga íntegramente el autónomo. **Calendario de subidas progresivas**: el MEI seguirá subiendo en los próximos años: **1,0% en 2027**, **1,1% en 2028**, **1,2% en 2029**, hasta llegar al **1,2% definitivo**. **Impacto en la cuota del autónomo**: el MEI añade entre **6€ y 24€/mes** según el tramo de cotización. Por ejemplo, un autónomo en el tramo 1 (cuota 200€) paga unos 6€ extra de MEI; un autónomo en el tramo más alto (cuota 590€) paga unos 24€ extra. La tarifa plana de 80€/mes también incluye el MEI proporcional, lo que sube la cuota real a unos 86-88€/mes. El MEI es una de las razones por las que las cuotas reales no están del todo "congeladas" en 2026 a pesar del Real Decreto-ley 16/2025.

La **jubilación anticipada** es la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación antes de la edad ordinaria (que en 2026 es de **66 años y 8 meses** para quienes hayan cotizado menos de 38 años, o **65 años** para quienes hayan cotizado 38 años o más). Existen dos modalidades principales reguladas en la **Ley General de la Seguridad Social**: (1) **Jubilación anticipada voluntaria**: se puede acceder hasta **2 años antes** de la edad ordinaria (es decir, a los 64 años y 8 meses en 2026 o a los 63 años para los que hayan cotizado 38 años o más). Requiere haber cotizado **al menos 35 años** y que la pensión resultante sea superior a la pensión mínima. Se aplican **coeficientes reductores** sobre la pensión: del 21% al 3% por cada trimestre de adelanto, dependiendo del periodo cotizado. (2) **Jubilación anticipada involuntaria**: cuando el cese en el trabajo es por causas no imputables al trabajador (despido objetivo, ERE, fuerza mayor, etc.). Se puede acceder hasta **4 años antes** de la edad ordinaria con coeficientes reductores menores que la voluntaria. **Otras modalidades**: jubilación parcial (compatibilizando trabajo a tiempo parcial), jubilación flexible, jubilación demorada (que da derecho a complementos por cada año de retraso), jubilación de trabajadores con discapacidad, jubilación de profesiones penosas o tóxicas (con coeficientes reductores específicos). La reforma de las pensiones de 2021 (Ley 21/2021) endureció algunos requisitos pero mantuvo las modalidades. En DG Canarias Group ayudamos a calcular la mejor estrategia de jubilación según el perfil de cada cliente.

La **Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)** obliga a **todas las empresas** con trabajadores por cuenta ajena, sin excepciones por tamaño, a garantizar la seguridad y salud de sus empleados. Las principales obligaciones son: (1) **Plan de Prevención**: documento que describe la organización de la prevención en la empresa, los recursos asignados y las funciones de cada nivel jerárquico. Es obligatorio para todas las empresas. (2) **Evaluación de riesgos** de cada puesto de trabajo y planificación de las medidas preventivas. Debe actualizarse cada vez que cambien las condiciones (nuevos puestos, equipos, instalaciones). (3) **Información y formación** a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto y las medidas preventivas. Hay que documentar la entrega y firma del trabajador. (4) **Vigilancia de la salud**: ofrecer reconocimientos médicos periódicos a través del servicio de prevención. Es voluntario para el trabajador salvo en puestos con riesgos específicos. (5) **Equipos de protección individual (EPI)** adecuados al riesgo, suministrados gratuitamente por la empresa. (6) **Plan de emergencia** y medidas de actuación ante emergencias, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. **Modalidades organizativas**: las empresas pueden organizar la prevención de varias formas: asunción personal por el empresario (en empresas muy pequeñas), trabajadores designados, servicio de prevención propio o **servicio de prevención ajeno (SPA)** contratado a una empresa especializada. Para la mayoría de pymes lo más práctico es contratar un SPA. **Sanciones**: las infracciones graves se sancionan con multas de **2.451€ a 49.180€**, y las muy graves con multas de **49.181€ a 983.736€**. La falta de prevención adecuada en caso de accidente grave puede acarrear **responsabilidad penal** del empresario.

Periodo de tiempo que debe transcurrir entre la comunicación del despido y el fin efectivo del contrato según marca la ley o convenio.

Modelo laboral que combina días de trabajo presencial en la oficina con días de trabajo remoto desde casa.

Debe ser digital y accesible garantizando que no se alteren los datos. El trabajador debe poder consultar sus horas y la empresa guardarlos 4 años.

Es un modelo de organización laboral que busca mantener la productividad reduciendo el tiempo de trabajo incentivado por algunas ayudas públicas.

Es la parte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo o de obra sin incluir complementos ni pluses.

Situación ilegal donde un trabajador actúa como autónomo pero tiene una relación de dependencia y subordinación propia de un asalariado.

Derecho de los trabajadores a no responder comunicaciones de trabajo (emails llamadas) fuera de su horario laboral para garantizar su descanso.

Complemento salarial que reciben los trabajadores que realizan su jornada entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

Aumento de entre el 30% y 50% de las prestaciones de un trabajador accidentado que debe pagar el empresario si no cumplía con la prevención de riesgos.

Permite cobrar una parte de la pensión mientras se sigue trabajando siempre que se cumplan requisitos de edad y años cotizados.

Permiso retribuido para cuidar a familiares o convivientes en caso de accidente o enfermedad grave introducido en la ley de familias.

Permite ausentarse del trabajo hasta 4 días al año por causas urgentes familiares relacionadas con enfermedades o accidentes.

Derecho a reducir la jornada diaria (con reducción proporcional de sueldo) para cuidar a hijos menores de 12 años con protección ante despido.

Aquel que combina trabajo retribuido con procesos formativos ideal para jóvenes sin experiencia previa en el sector.

Aumento de las prestaciones económicas a favor del trabajador accidentado que debe pagar el empresario si no cumplía la prevención de riesgos.

Derecho a una hora de ausencia del trabajo para el cuidado del lactante hasta que este cumpla 9 o 12 meses ampliable por convenio.

Complemento salarial destinado a compensar los gastos de desplazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo.

Aquel que se firma con un desempleado para sustituir la jornada que deja vacante un trabajador que se jubila parcialmente.

En 2026 se calcula según los días por año trabajado fijados por ley con los límites máximos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Tiempo inicial del contrato donde empresa o trabajador pueden rescindir la relación sin preaviso ni indemnización.

Derecho del empresario a trasladar al trabajador a otro centro de trabajo que exija cambio de residencia bajo causas justificadas.

Derecho del trabajador con cierta antigüedad a suspender su contrato durante un tiempo manteniendo un derecho preferente al reingreso.

Permiso para el cuidado de hijos menores de 8 años que puede disfrutarse de forma continua o discontinua según la ley de familias.

Plataforma telemática obligatoria para que empresas y asesorías gestionen altas bajas y cotizaciones de trabajadores.

El REF es el conjunto de medidas fiscales y económicas exclusivas de Canarias que compensan la lejanía e insularidad del archipiélago y que están reconocidas por la Unión Europea como ayudas de Estado compatibles. Se regula principalmente en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF, y en la Ley 20/1991, de 7 de junio, sobre los aspectos fiscales del REF. Sus ventajas más potentes son el IGIC con tipo general del 7% (frente al 21% del IVA peninsular), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) que reduce hasta el 90% de la base imponible, la Zona Especial Canaria (ZEC) con Impuesto de Sociedades al 4%, la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) y bonificaciones específicas como la del 50% por producción de bienes corporales. Una empresa canaria bien planificada puede tributar hasta 5 veces menos que una equivalente en la Península manteniendo plena legalidad y respaldo de la UE.

El REF como marco general no tiene fecha de caducidad porque está blindado por la Constitución Española en su Disposición Adicional Tercera y por el Estatuto de Autonomía de Canarias. Sin embargo, los incentivos fiscales concretos sí dependen de la autorización de la Comisión Europea como ayudas de Estado regionales. La ZEC tiene vigencia autorizada hasta el 31 de diciembre de 2032, mientras que la RIC, la DIC y otras ayudas vinculadas al Reglamento (UE) 651/2014 están autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogables. España y el Gobierno de Canarias están negociando con Bruselas la prórroga del bloque RIC/DIC para el siguiente periodo. En DG Canarias Group hacemos seguimiento continuo de estas prórrogas para que nuestros clientes planifiquen sus inversiones con la máxima seguridad jurídica.

No, son cosas distintas pero relacionadas. El REF es el marco fiscal general de todo el archipiélago canario que aplica a cualquier persona o empresa que opere en las islas: IGIC, RIC, DIC, AIEM, bonificaciones IRPF, etc. La ZEC (Zona Especial Canaria) es un régimen específico dentro del REF al que solo pueden acogerse sociedades de nueva creación que cumplan requisitos estrictos de inversión mínima (100.000€ en Tenerife/Gran Canaria o 50.000€ en el resto), creación de empleo (5 puestos en islas capitalinas o 3 en no capitalinas) y desarrollo de actividades autorizadas por el Consorcio ZEC. La diferencia clave: cualquier autónomo o empresa canaria disfruta del REF automáticamente, pero solo unas pocas sociedades cumplen los requisitos para tributar al 4% de la ZEC. Una empresa puede combinar ambos regímenes (estar en ZEC y aplicar RIC sobre la parte no bonificada).

El AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) es un tributo del REF que grava la importación y la producción interior de determinados bienes con el fin de proteger la industria local frente a productos foráneos. Está regulado por la Ley 4/2014 y autorizado por la Comisión Europea como ayuda de Estado compatible. Los tipos van del 5% al 25% según el producto y se aplica a bienes como bebidas, productos alimenticios procesados, materiales de construcción, derivados del petróleo y otros listados en el anexo de la Ley. Los productores locales canarios están exentos del AIEM en sus producciones internas, lo que les genera una ventaja competitiva clara. La Ley 9/2025 de Presupuestos de Canarias para 2026 actualizó la lista de productos AIEM y los tipos aplicables. Si tu empresa importa o produce mercancías en Canarias, conviene revisar si tu producto está sujeto a AIEM porque puede afectar significativamente a tu margen.

La DIC es un incentivo fiscal del REF que permite a las empresas canarias deducir un porcentaje superior al régimen general por las inversiones que realicen en activos fijos nuevos afectos a su actividad. Los porcentajes de deducción canarios son aproximadamente un 80% superiores a los del régimen estatal del Impuesto sobre Sociedades, con un mínimo del 20% para inversiones en activos nuevos. Por ejemplo, una empresa canaria que invierte 100.000€ en maquinaria nueva puede llegar a deducir 20.000€ directamente de su cuota del IS, mientras que la misma inversión en la Península tendría una deducción muy inferior o nula. La DIC se regula en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/1994 y es plenamente compatible con la RIC y con la ZEC. En DG Canarias Group recomendamos planificar las inversiones del ejercicio antes del cierre contable para optimizar la combinación DIC + RIC y maximizar el ahorro fiscal global.

Es una de las ventajas más potentes y menos conocidas del REF. El artículo 26 de la Ley 19/1994 permite a las empresas que producen bienes corporales en Canarias aplicar una bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los rendimientos derivados de esa actividad productiva. La bonificación se aplica a actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras (siempre que la pesca se realice con flota canaria). Es plenamente compatible con la RIC y con la DIC, lo que permite combinaciones muy ventajosas: una empresa industrial canaria puede tributar efectivamente a tipos cercanos al 6-8% combinando esta bonificación con la RIC. Por ejemplo, una empresa de transformación de productos alimentarios en Tenerife con un beneficio de 200.000€ puede ahorrar más de 25.000€ anuales solo aplicando esta bonificación, y mucho más si la combina con RIC. Es imprescindible que la actividad productiva sea real y demostrable.

Pueden aplicarla las empresas que realicen efectivamente actividades de producción de bienes corporales en alguno de estos cuatro sectores: actividades agrícolas (cultivo de plátanos, tomate, hortalizas, vid, etc.), ganaderas (cría de animales, producción láctea, etc.), industriales (transformación, fabricación, montaje, envasado, etc.) y pesqueras siempre que se realicen con flota canaria registrada en puertos del archipiélago. No se aplica a actividades puramente comerciales, de servicios o de intermediación. La empresa debe tener un establecimiento productivo real en Canarias con medios humanos y materiales propios, no basta con facturar desde Canarias. Por ejemplo, una empresa que envasa miel canaria en Gran Canaria sí puede aplicarla; una empresa que solo distribuye miel importada no. La bonificación se calcula sobre la parte de la cuota del IS que corresponde proporcionalmente a los rendimientos de la actividad productiva, no sobre la cuota total. En DG Canarias Group analizamos caso por caso si tu actividad cumple los requisitos.

Un autónomo establecido en Canarias disfruta automáticamente de varias ventajas fiscales clave del REF que un autónomo peninsular no tiene. La principal es el IGIC con tipo general del 7% en lugar del IVA al 21%, lo que reduce significativamente el coste final de los bienes y servicios que vende y recibe. Además, los autónomos en estimación directa pueden aplicar la RIC para reducir hasta el 90% del rendimiento neto destinado a inversiones aptas en Canarias. También se benefician de la DIC por inversiones en activos nuevos, de la cuota cero subvencionada por el Gobierno de Canarias durante el primer año de actividad, y de tipos reducidos en el ITP para la compra de la primera vivienda habitual. Por ejemplo, un autónomo de Tenerife con 40.000€ de rendimiento neto que dote 30.000€ a la RIC puede llegar a ahorrar 7.000-9.000€ en su declaración del IRPF del año siguiente. La planificación fiscal canaria es radicalmente diferente a la peninsular y exige conocer bien los plazos y requisitos de cada incentivo.

Sí, pero con condiciones estrictas y solo respecto a las rentas obtenidas a través del establecimiento permanente en Canarias. La Ley 19/1994 permite que entidades no domiciliadas fiscalmente en Canarias se beneficien del REF (en concreto de la RIC y la bonificación del 50%) siempre que operen en el archipiélago mediante un establecimiento permanente real, con medios humanos y materiales propios, y que las rentas que se acojan al beneficio fiscal procedan efectivamente de la actividad realizada en ese establecimiento. No basta con abrir una oficina simbólica en Las Palmas o Santa Cruz para facturar desde la Península. La AEAT y la Agencia Tributaria Canaria controlan especialmente la sustancia económica real: empleados contratados en Canarias, centro de decisión efectivo, contabilidad separada, etc. En DG Canarias Group ayudamos a empresas peninsulares a estructurar correctamente su implantación en Canarias para que el aprovechamiento del REF sea jurídicamente sólido y resista cualquier inspección.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Canarias tiene tipos reducidos para la compra de la vivienda habitual, sustancialmente inferiores a los aplicables en la mayoría de comunidades autónomas peninsulares. El tipo general del ITP en Canarias es del 6,5% sobre el valor de transmisión (frente al 8-10% de muchas comunidades). Para colectivos protegidos como menores de 40 años (límite ampliado por la Ley 9/2025 de Presupuestos de Canarias 2026, antes era 35 años), familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, el tipo se reduce al 5% o incluso al 1% según el perfil y siempre que se cumplan los límites de renta familiar establecidos. Por ejemplo, un joven de 38 años en Tenerife que compra su primera vivienda por 180.000€ y cumple los límites de renta puede pagar solo 1.800€ de ITP en lugar de 11.700€. Es imprescindible solicitar la aplicación del tipo reducido en la propia escritura y aportar la documentación acreditativa.

El REC es un registro especial del REF que ofrece ventajas fiscales muy significativas a las empresas navieras y a los buques inscritos en él, con el objetivo de mantener la competitividad de la marina mercante canaria frente a registros internacionales. Las principales ventajas son: bonificación del 90% en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades por los rendimientos derivados de la explotación de buques inscritos, exención del IRPF al 50% para la tripulación residente fiscal en España y embarcada en buques REC, exención de cotizaciones a la Seguridad Social en la parte empresarial para el personal embarcado, y exención del ITP en la transmisión de buques inscritos. Está regulado en los artículos 73 a 76 de la Ley 19/1994. El REC es especialmente atractivo para empresas de transporte marítimo de pasajeros y mercancías que operan rutas inter-islas o internacionales desde puertos canarios. Si tu empresa opera con flota propia, conviene estudiar si la inscripción en el REC es ventajosa.

Es un incentivo del REF regulado en el artículo 27 bis de la Ley 19/1994 que permite a las empresas canarias deducir parte de los gastos destinados a promocionar sus productos o servicios fuera del archipiélago, fomentando así la apertura a mercados peninsulares e internacionales. La deducción se aplica sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades y está pensada para incentivar que las empresas canarias salgan a competir fuera de las islas, compensando las desventajas derivadas de la insularidad y la lejanía. Para aplicarla los gastos deben estar correctamente documentados, ser destinados específicamente a promoción exterior (anuncios en medios de fuera del archipiélago, ferias internacionales, marketing digital dirigido a mercados externos, etc.) y estar contabilizados separadamente. Por ejemplo, una empresa canaria de cosmética natural que invierte 30.000€ en una campaña de Google Ads dirigida a la Península puede aplicar esta deducción además de los gastos contables. En DG Canarias Group recomendamos a los clientes que quieren expandirse fuera de Canarias planificar este gasto fiscalmente.

Sí, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021 se aprobaron medidas fiscales extraordinarias para los residentes y empresas afectadas en la isla de La Palma que se han ido prorrogando. Entre las más relevantes están: bonificación del 60% en la cuota íntegra autonómica del IRPF para residentes en La Palma con rentas del trabajo o de actividades económicas, exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para inmuebles destruidos o afectados, exenciones en tasas e impuestos municipales, bonificaciones en el ITP y AJD para reconstrucción y compra de vivienda en zonas afectadas, y líneas específicas de subvenciones para reactivación económica. Estas medidas se han ido renovando en sucesivas leyes de presupuestos canarios y la Ley 9/2025 mantiene varias de ellas. Si resides o tienes empresa en La Palma conviene revisar anualmente qué bonificaciones siguen vigentes porque el marco se actualiza con frecuencia. En DG Canarias Group asesoramos especialmente a clientes afectados por la erupción.

Canarias ofrece la deducción fiscal más alta de toda la Unión Europea para producciones audiovisuales: hasta el 54% del gasto en producciones extranjeras y hasta el 50% para producciones españolas que se rueden en el archipiélago. Esta deducción se regula en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades junto con las especialidades canarias del REF. Para aplicarla la producción debe cumplir requisitos como gasto mínimo en territorio canario (1 millón de euros para obtener el porcentaje completo), contratación de personal técnico y artístico residente, certificación de obra audiovisual canaria, etc. El límite máximo de deducción por proyecto es de 36 millones de euros. Esta política ha convertido a Canarias en uno de los principales destinos de rodaje internacional, con producciones como Fast & Furious, Solo: A Star Wars Story, La Casa de Papel o numerosas series de Netflix y HBO. En DG Canarias Group asesoramos a productoras nacionales e internacionales que quieren rodar en las islas para que estructuren correctamente la deducción y maximicen el retorno fiscal.

Los principales cambios del REF para 2026 vienen recogidos en la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 (BOC nº256, de 29 de diciembre de 2025) y en la Ley 6/2025 estatal. Las novedades más relevantes son: creación de un nuevo tipo del 1% en el IGIC para petróleo y productos derivados del refino (antes 0%); ampliación del tipo cero IGIC a camas médicas y hospitalarias (antes 3%); incremento al 15% del IGIC para bebidas energéticas (antes 7%); ampliación de la edad para tipo reducido de ITP de 35 a 40 años en compra de vivienda habitual; nueva escala autonómica del IRPF con tipos del 9% al 26%; nueva deducción autonómica del IRPF por inversión en sociedades canarias de nueva creación (20% con límite 4.000€, o 30% con límite 6.000€ en casos especiales); y la novedad clave del año anterior que sigue vigente: la Ley 6/2025 permite materializar la RIC en arrendamiento de vivienda habitual en Canarias para combatir la emergencia habitacional. Es importante revisar todos estos cambios al planificar el ejercicio.

Sí, es **completamente legal y seguro** tributar al 4% mediante la ZEC. La ZEC NO es un paraíso fiscal y conviene aclararlo porque hay mucha confusión al respecto. Las diferencias clave entre la ZEC y un paraíso fiscal son: (1) La ZEC está **autorizada por la Comisión Europea** como ayuda de Estado regional compatible con el mercado interior, dentro del marco de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE. Tiene plena legitimidad europea y vigencia hasta 2032. (2) Las entidades ZEC tributan en España, presentan el Impuesto sobre Sociedades, llevan contabilidad según el Plan General Contable español, están sujetas a las mismas obligaciones de información que cualquier empresa española y son inspeccionables por la AEAT y la ATC. (3) Existe **transparencia total**: España intercambia información fiscal con todos los países de la UE y de la OCDE bajo los estándares CRS y FATCA. (4) Hay **exigencia de sustancia económica real**: oficinas físicas, empleados efectivamente trabajando en Canarias, centro de decisión en las islas. (5) Las actividades autorizadas son productivas y reales, no estructuras de pura optimización. La ZEC compite con regímenes como el irlandés (12,5%), el chipriota (12,5%), Malta o Andorra (10%) ofreciendo una tributación incluso menor (4%) pero con la **seguridad jurídica plena de estar dentro de la UE y de España**, lo que para muchas empresas es una ventaja decisiva frente a jurisdicciones más exóticas.

En DG Canarias Group somos especialistas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en las herramientas de optimización fiscal exclusivas del archipiélago: ZEC, RIC, DIC, AIEM, bonificación 50% por producción, deducciones audiovisuales, tipos reducidos del IGIC, bonificaciones del ITP y del Impuesto de Sucesiones. Trabajamos con autónomos, sociedades canarias, empresas peninsulares que buscan implantarse en las islas y productoras audiovisuales nacionales e internacionales. Nuestro enfoque combina **tres elementos diferenciales**: (1) **Conocimiento profundo y actualizado del REF**, con seguimiento continuo de las novedades normativas (Leyes de Presupuestos Canarios, modificaciones de la Ley 19/1994, jurisprudencia, criterios de la AEAT y la ATC) que actualizamos en nuestras herramientas internas y en esta sección de FAQs. (2) **Tecnología propia**: hemos desarrollado nuestros propios sistemas de gestión documental, control de obligaciones fiscales por cliente, y plataformas de fichaje y facturación, lo que nos permite ofrecer un servicio más rápido, transparente y proactivo que la asesoría tradicional. (3) **Acompañamiento integral**: desde la constitución de la sociedad y el alta en hacienda canaria hasta la planificación fiscal anual, las inspecciones, las herencias y la sucesión empresarial. Nuestras oficinas están en Tenerife (Arona y Santa Cruz) y en Las Palmas de Gran Canaria. Si quieres aprovechar al máximo las ventajas fiscales de Canarias con la seguridad de un equipo especializado, estamos a tu disposición.

Canarias tiene un trato específico para importaciones del Reino Unido requiriendo trámites aduaneros pero manteniendo lazos comerciales históricos.

Es la parte del impuesto sobre la renta que gestiona directamente Canarias y que incluye deducciones específicas por alquiler estudios o salud.

Incentivo del REF para empresas canarias que invierten en países del entorno africano para fomentar la internacionalización desde las islas.

Sí es posible aplicar ambos incentivos simultáneamente permitiendo una optimización fiscal máxima del beneficio empresarial en las islas.

Un régimen especial para empresas navieras con base en Canarias que ofrece bonificaciones de hasta el 90% en el Impuesto sobre Sociedades.

Sistema que permite importar productos básicos y materias primas para consumo humano o transformación industrial sin pagar aranceles aduaneros.

Gravamen que afecta a la importación de ciertos envases para fomentar la industria del reciclaje y la producción de envases local en las islas.

Incentivo fiscal muy superior al de la península para actividades de investigación desarrollo e innovación realizadas en el archipiélago.

Es el límite superior de ayudas públicas que permite la UE en Canarias por ser Región Ultraperiférica facilitando más subvenciones que en el continente.

Subvención estatal que reduce el coste del transporte de mercancías entre islas y con la península para mejorar la competitividad canaria.

Subvención (habitualmente del 75%) para residentes canarios en trayectos aéreos o marítimos interinsulares y con el resto de España.

Censo gestionado por el Consorcio ZEC donde deben inscribirse las empresas antes de empezar a tributar al 4%.

Incentivo del REF que permite deducir hasta el 54% del gasto realizado en Canarias para largometrajes y series de ficción.

Medida extraordinaria para residentes en La Palma que reduce a la mitad la cuota del impuesto tras la erupción del volcán.

Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por la compra de maquinaria o instalaciones nuevas en Canarias.

Incentivo fiscal para fomentar la promoción de productos o servicios canarios en el exterior.

La RIC es uno de los incentivos fiscales más potentes del REF: permite a las empresas y autónomos canarios reducir hasta el 90% del beneficio del ejercicio que no se distribuya como dividendo, a cambio del compromiso de invertir esa cantidad en activos aptos en Canarias dentro de los siguientes 3 años. Está regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994. Pueden aplicarla las sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades con domicilio fiscal en Canarias (o establecimiento permanente), las entidades no residentes que operen en Canarias mediante EP, y los autónomos en estimación directa por la parte de su rendimiento neto procedente de actividades en Canarias. La RIC funciona en tres fases: dotación (se reduce la base imponible del ejercicio), materialización (se realiza la inversión efectiva en el plazo de 3 años), y mantenimiento (los activos deben permanecer en funcionamiento al menos 5 años, o 3 años en el caso de elementos de transporte y buques). Por ejemplo, una empresa canaria con 100.000€ de beneficio puede dotar 90.000€ a la RIC y ahorrar hasta 22.500€ de cuota inmediata.

El plazo de materialización de la RIC es de **3 años**, contados desde la fecha de devengo del impuesto del ejercicio en que se ha dotado la reserva. Esto significa que si dotas RIC en el ejercicio 2025 (cuyo devengo es 31/12/2025), tienes hasta el 31/12/2028 para materializar la inversión en activos aptos. Es importante NO confundir este plazo con el plazo de mantenimiento, que es de 5 años desde que el activo entra en funcionamiento (o 3 años para elementos de transporte y buques). También existe la posibilidad de realizar inversiones anticipadas: las inversiones efectuadas en el propio ejercicio o en los 3 años anteriores pueden considerarse materialización de futuras dotaciones de RIC, lo que da gran flexibilidad de planificación. El cumplimiento estricto del plazo de 3 años es crítico: si no se materializa en plazo, hay que integrar en la base imponible las cantidades dotadas con intereses de demora. Conviene planificar la materialización con tiempo suficiente y documentar cada inversión adecuadamente.

La RIC solo puede materializarse en determinadas inversiones expresamente previstas en el artículo 27.4 de la Ley 19/1994. Las principales son: (A) Adquisición de elementos del inmovilizado material o intangible nuevos, afectos a la actividad económica realizada en Canarias (maquinaria, instalaciones, equipos informáticos, vehículos industriales, mobiliario, software, patentes, etc.). (B) Creación de puestos de trabajo relacionados directamente con las inversiones del apartado A. (B bis) **Novedad clave 2025**: la Ley 6/2025 de 28 de julio permite ahora materializar la RIC en la adquisición o construcción de bienes inmuebles situados en Canarias destinados al arrendamiento de vivienda habitual, siempre que la vivienda no haya estado arrendada anteriormente, para combatir la emergencia habitacional. (C) Suscripción de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las corporaciones locales canarias, con límite del 50%. (D) Suscripción de acciones o participaciones en sociedades canarias que realicen inversiones en alguno de los apartados anteriores, incluyendo entidades ZEC. Cada categoría tiene requisitos específicos que conviene conocer en detalle.

Es uno de los cambios más importantes del REF en los últimos años. La Ley 6/2025, de 28 de julio (BOE), modificó el artículo 27.4 de la Ley 19/1994 para permitir que la RIC pueda materializarse en la adquisición o construcción de bienes inmuebles situados en Canarias destinados al arrendamiento de vivienda habitual. Antes solo era posible materializar la RIC en inmuebles destinados al arrendamiento turístico o a la actividad económica, NO en vivienda residencial libre. La medida responde a la grave emergencia habitacional del archipiélago y pretende movilizar los ~2.000 millones de euros de RIC pendientes de materializar hacia la creación de oferta de vivienda en alquiler. Requisitos clave: la vivienda no debe haber estado arrendada anteriormente (debe ser nueva oferta), el plazo de mantenimiento del arrendamiento empieza con el inicio efectivo del contrato, y si hay un cambio de inquilino dentro de los 6 meses el plazo se amplía por el tiempo de desocupación. Esta novedad es muy potente: una empresa canaria con beneficios elevados puede ahora invertir en vivienda residencial y aplicar RIC, algo impensable hasta 2024. En DG Canarias Group ya estamos asesorando a clientes en estas operaciones.

Si no materializas la RIC en el plazo de 3 años desde la dotación, se considera incumplimiento de los requisitos y las consecuencias son las siguientes: (1) Debes integrar en la base imponible del ejercicio en que se produce el incumplimiento las cantidades que en su día redujeron la base imponible (es decir, "devolver" la reducción aplicada). (2) Se liquidan intereses de demora desde la fecha en que se aplicó la reducción hasta la fecha de regularización. (3) Pueden aplicarse sanciones tributarias adicionales, dependiendo de las circunstancias y de si Hacienda lo detecta antes que tú. La regularización se hace en el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se incumple. El impacto económico puede ser muy significativo: si dotaste 100.000€ de RIC en 2022 y no materializas a 31/12/2025, en el IS de 2025 tendrás que sumar 100.000€ a tu base imponible, pagar el 25% (25.000€) más intereses de demora de 3 años (~6.000-9.000€) más posibles sanciones. Por eso la materialización debe planificarse desde el momento de la dotación, no improvisarse. En DG Canarias Group monitorizamos los plazos de RIC de nuestros clientes año a año para evitar sorpresas.

Los activos en los que se materialice la RIC deben permanecer en funcionamiento dentro de la empresa adquirente durante un plazo mínimo de **5 años**, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso. Existen dos excepciones a este plazo de 5 años: los **elementos de transporte y los buques** tienen un plazo de mantenimiento reducido a **3 años**, y si la vida útil del activo fuera inferior a 5 años, el plazo de mantenimiento se ajusta a esa vida útil. En el caso de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda habitual (la novedad de la Ley 6/2025), el plazo de permanencia se computa desde el inicio efectivo del arrendamiento, no desde la adquisición del inmueble. Si vendes, transmites o dejas de usar el activo antes de cumplir el plazo, se considera incumplimiento parcial y debes integrar en la base imponible la parte de la RIC correspondiente al activo afectado, con intereses de demora. Es importante distinguir bien los dos plazos de la RIC: 3 años para materializar (desde la dotación) y 5 años para mantener (desde la entrada en funcionamiento del activo). Confundirlos es uno de los errores más caros.

Sí, los autónomos pueden aplicar la RIC pero con condiciones específicas. Solo pueden hacerlo los autónomos que tributen en **estimación directa** (normal o simplificada), NO los que estén en estimación objetiva (módulos). La RIC para autónomos se aplica sobre el rendimiento neto de la actividad económica obtenido en Canarias, con el mismo límite máximo del 90% del rendimiento. La reducción se practica directamente en la declaración del IRPF (modelo 100) y debe materializarse igualmente en el plazo de 3 años en activos aptos según el artículo 27.4 de la Ley 19/1994. Por ejemplo, un autónomo en Tenerife con rendimiento neto de 60.000€ que dote 50.000€ a la RIC puede ahorrar entre 12.000€ y 18.000€ en su IRPF (según su tipo marginal), siempre que materialice esos 50.000€ en activos productivos en los siguientes 3 años. Los requisitos formales son los mismos que para sociedades: contabilidad separada, mantenimiento de los activos 5 años (3 para transporte/buques), inversiones aptas según la Ley. Es una herramienta muy potente para autónomos con rendimientos medios-altos en Canarias que reinvierten en su negocio.

Sí, la RIC es plenamente compatible tanto con la ZEC como con la DIC, y la combinación inteligente de los tres incentivos es la base de la planificación fiscal canaria avanzada. Una entidad ZEC puede dotar RIC sobre los beneficios que excedan de su base bonificada (los que tributarían al 25%) o sobre los procedentes de operaciones fuera del ámbito ZEC. Esto permite que una empresa ZEC tribute al 4% hasta su límite bonificado y al 2,5% efectivo (25% × 10% restante tras RIC del 90%) sobre el exceso. Por su parte, las inversiones que materializan la RIC también pueden generar derecho a aplicar la DIC sobre la cuota del IS, siempre que se trate de activos nuevos elegibles. La única limitación importante es que el mismo activo no puede generar DIC dos veces ni puede usarse simultáneamente para cumplir el requisito de inversión mínima de la ZEC y para materializar la RIC. Con una buena planificación y contabilidad separada, una empresa canaria puede combinar RIC + ZEC + DIC + bonificación 50% por producción de bienes corporales y conseguir tributaciones efectivas inferiores al 5% sobre el beneficio total. En DG Canarias Group diseñamos estas estructuras integradas a medida.

La RIC impone obligaciones contables específicas y rigurosas que son imprescindibles para mantener el incentivo. Las principales son: (1) La RIC debe figurar en los balances con **absoluta separación y título apropiado** ("Reserva para Inversiones en Canarias del ejercicio X"). (2) La reserva es **indisponible** mientras los activos en que se materializó deban permanecer en la empresa, lo que significa que no puede repartirse como dividendos ni usarse para compensar pérdidas. (3) En la **memoria de las cuentas anuales** debe incluirse información detallada: importe y ejercicio de cada dotación, importe pendiente de materializar, importe y fecha de cada inversión realizada, indicación de si los activos siguen en funcionamiento, etc. (4) Hay que llevar **registro contable separado** de los activos en que se materializa la RIC para poder identificarlos individualmente durante todo el plazo de mantenimiento. (5) En el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades hay un cuadro específico (página 22 en la versión actual) donde se detalla toda la información de RIC dotadas, materializadas, pendientes y regularizadas. La AEAT y la ATC controlan especialmente estas obligaciones formales: un fallo documental puede provocar la pérdida del beneficio fiscal aunque la inversión real esté hecha. Es crítico que tu asesoría lleve la RIC con rigor profesional.

El ahorro real con la RIC depende del beneficio del ejercicio y del tipo impositivo aplicable. Un ejemplo numérico claro: una sociedad limitada en Las Palmas con un beneficio antes de impuestos de 200.000€ que decide dotar el máximo del 90% a la RIC (180.000€) verá reducida su base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 200.000€ a 20.000€. Si tributa al tipo general del 25%, su cuota pasa de 50.000€ a solo 5.000€: ahorro inmediato de **45.000€** en el ejercicio. Ese ahorro se produce ya en la declaración del IS del año siguiente al beneficio. A cambio, la empresa se compromete a invertir 180.000€ en activos aptos en Canarias durante los siguientes 3 años y a mantenerlos en funcionamiento al menos 5 años. Si combinamos RIC con DIC sobre las mismas inversiones, el ahorro adicional puede ser de un 20-25% más. Para autónomos en Canarias el ahorro depende del tipo marginal del IRPF: un autónomo con 80.000€ de rendimiento neto y tipo marginal del 37% que dote 70.000€ a la RIC ahorra unos **26.000€** en su IRPF. La RIC es, sin duda, el incentivo más rentable del REF si se planifica bien. Pero también el más exigente formalmente: un mal cálculo o un incumplimiento puede convertir el ahorro en una factura fiscal aún mayor.

Programa de ayudas comunitarias destinado a compensar los costes extra de la producción agraria y ganadera en regiones ultraperiféricas como Canarias.

La producción de plátano cuenta con bonificaciones específicas en el IRPF y está protegida por figuras de calidad como la IGP.

Obligación de registrar electrónicamente todos los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes usados en la explotación agraria.

Técnicas de manipulación psicológica para que empleados revelen información confidencial o den acceso a sistemas protegidos.

Constituir una SL en Canarias requiere los siguientes pasos: (1) **Reservar el nombre** en el Registro Mercantil Central solicitando el certificado de denominación social negativa (válido 3 meses, prorrogable). (2) **Abrir cuenta bancaria** a nombre de la sociedad en constitución y depositar el capital social mínimo (3.000€ tradicionalmente, aunque tras la Ley Crea y Crece se puede constituir desde **1€** con condiciones especiales). (3) **Redactar los estatutos sociales**: objeto social, domicilio, capital, órganos de administración, etc. (4) **Otorgar escritura pública** de constitución ante notario, donde los socios firman los estatutos y declaran las aportaciones. (5) **Solicitar el NIF provisional** en Hacienda mediante el modelo 036 (provisional al instante, definitivo tras la inscripción registral). (6) **Inscribir la sociedad** en el Registro Mercantil de la provincia (Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife). El registrador califica la escritura y publica la inscripción en el BORME. (7) **Alta censal definitiva** en Hacienda y alta de los administradores en el RETA si tienen control efectivo. (8) **Alta en la Agencia Tributaria Canaria** para el IGIC. El proceso completo en Canarias suele tardar entre **15 y 30 días**. Si la SL va a acogerse a la ZEC, hay que añadir el proceso de autorización del Consorcio ZEC (otros 2-3 meses).

Sí, desde la entrada en vigor de la **Ley 18/2022 Crea y Crece** (vigente desde octubre de 2022) se puede constituir una Sociedad Limitada con un capital social mínimo de **1€**, eliminando el tradicional mínimo de 3.000€. Sin embargo, esta opción de capital reducido conlleva **dos obligaciones especiales** para proteger a los acreedores: (1) **Reserva legal del 20%**: hasta que el patrimonio neto de la sociedad alcance los 3.000€, debe destinarse al menos el **20% del beneficio anual a una reserva legal** específica (frente al 10% habitual). (2) **Responsabilidad solidaria**: si se liquida la sociedad y el patrimonio es insuficiente para pagar las deudas sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia hasta llegar a 3.000€. Estas obligaciones desaparecen cuando el patrimonio social alcanza los 3.000€. En la práctica, **constituir con 1€ tiene poca utilidad real** salvo para casos muy concretos: la mayoría de notarios siguen recomendando empezar con al menos 3.000€ para evitar las restricciones, y muchos bancos exigen capital mínimo para abrir cuenta empresarial. La medida fue pensada más como simplificación administrativa que como herramienta financiera real. En DG Canarias Group analizamos caso por caso si conviene constituir con capital reducido o tradicional.

El coste total de constituir una Sociedad Limitada en Canarias en 2026 oscila entre **800€ y 1.500€**, sin contar el capital social aportado. Los principales conceptos son: (1) **Certificado de denominación social** (Registro Mercantil Central): unos 20€. (2) **Notario**: la escritura de constitución cuesta entre **150€ y 400€** según el capital aportado y la complejidad de los estatutos (más IGIC al 7%). (3) **Registro Mercantil**: la inscripción cuesta entre **100€ y 250€** según el capital. (4) **Asesoría/gestoría**: si encargas la tramitación completa a una asesoría, el coste suele estar entre **300€ y 700€** (incluye redacción de estatutos a medida, gestión documental, alta censal, alta en seguridad social y asesoramiento inicial). (5) **Otros gastos menores**: certificados bancarios, libros sociales (Libro de Actas, Libro Registro de Socios), tarjetas y sellos. **Importante**: en Canarias **no se paga ITP/AJD** por la constitución de sociedades porque las operaciones societarias están **exentas** del Impuesto sobre Operaciones Societarias (regulado en el TR del ITP y AJD). Esto es una pequeña ventaja respecto a otras comunidades. Si la SL va a acogerse a la ZEC hay que añadir las **tasas del Consorcio ZEC** (~750€ de tasa de inscripción) y el coste del expediente. En DG Canarias Group ofrecemos paquetes cerrados de constitución de SL desde 600€ todo incluido.

El Impuesto sobre Sociedades (IS) es el tributo directo que grava los beneficios de las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones, etc.) residentes en España. Está regulado en la **Ley 27/2014, de 27 de noviembre**. Los tipos vigentes en 2026 son: **Tipo general 25%**: aplicable a la mayoría de empresas. **Tipo reducido 23%**: para empresas con **importe neto de cifra de negocios inferior a 1 millón de euros** en el ejercicio anterior (introducido por la Ley 27/2014 modificada). **Tipo reducido 15%**: durante los 2 primeros ejercicios con beneficio para entidades de nueva creación que realicen actividades económicas (con excepciones). **Tipo del 4% en la ZEC**: para entidades inscritas en el Registro Oficial de Entidades ZEC sobre la parte de su base imponible correspondiente a operaciones realizadas en el ámbito ZEC. **Otros tipos especiales**: 1% para SOCIMI, 0% para fondos de inversión, 10% para entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002, 30% para entidades de crédito y de hidrocarburos. En Canarias además se pueden aplicar bonificaciones específicas como la del **50% por producción de bienes corporales** (artículo 26 Ley 19/1994), que sobre el tipo general resulta en una tributación efectiva del 12,5%. La combinación de tipos reducidos del IS + bonificaciones del REF + RIC + DIC permite que muchas sociedades canarias tributen efectivamente entre el 5% y el 12% sobre sus beneficios.

El Modelo 200 es la **declaración anual del Impuesto sobre Sociedades** que deben presentar todas las sociedades, asociaciones y demás entidades sujetas al IS. Es uno de los modelos fiscales más complejos y voluminosos del sistema tributario español: tiene más de 30 páginas y exige información detallada sobre la cuenta de resultados, balance, ajustes fiscales, deducciones, bonificaciones, pagos fraccionados, etc. **Plazo de presentación**: **dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal**. Para el ejercicio coincidente con el año natural (1/01 al 31/12), el plazo es del **1 al 25 de julio** del año siguiente. Por ejemplo, el modelo 200 del ejercicio 2025 se presenta del 1 al 25 de julio de 2026. La declaración se presenta obligatoriamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la AEAT. En el modelo 200 se calcula la **base imponible** (resultado contable + ajustes fiscales positivos y negativos), se aplican las **reducciones** (RIC, reserva de capitalización, reserva de nivelación), se calcula la **cuota íntegra** (base × tipo impositivo), se aplican las **deducciones y bonificaciones** (DIC, bonificación 50% producción canaria, deducciones por I+D, etc.) y se determina la **cuota líquida**, deduciendo finalmente los pagos fraccionados ya realizados durante el año (modelo 202). Para sociedades canarias, las páginas 22-24 incluyen los cuadros específicos del REF (RIC, ZEC, DIC). Errores en el modelo 200 pueden acarrear sanciones graves.

El Modelo 202 es la **autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades**. Su finalidad es que las sociedades vayan adelantando trimestralmente el pago del IS del ejercicio en curso, evitando concentrar todo el pago en julio del año siguiente. Están **obligadas a presentar el modelo 202** las sociedades cuya cifra de negocios del ejercicio anterior fue **superior a 6.010.121,04€** (grandes empresas), y todas las que estén obligadas según el régimen especial al que se acojan. Las sociedades con menor facturación pueden estar exentas si en el cálculo del pago fraccionado el resultado es cero o negativo. **Plazos de presentación**: **del 1 al 20 de abril, julio y octubre** (3 pagos anuales). El cálculo se puede hacer por dos métodos: (1) **Régimen general**: el 18% de la cuota íntegra del último IS presentado, descontando deducciones y bonificaciones. (2) **Régimen de base imponible** (obligatorio para grandes empresas con cifra > 6 millones): porcentaje sobre la base imponible del periodo (el % depende del tamaño de la empresa, generalmente entre el 17% y el 24%). El total de pagos fraccionados realizados durante el año se descuenta en el modelo 200 anual. Las sociedades canarias acogidas a RIC pueden ajustar el cálculo del pago fraccionado teniendo en cuenta la previsión de dotación a la RIC, lo que permite reducir significativamente los pagos a cuenta.

Una Sociedad Limitada en Canarias está sujeta a las mismas obligaciones contables y mercantiles que cualquier SL española, sin especialidades por el REF. Las principales son: (1) **Llevanza de contabilidad** según el **Plan General Contable** (PGC) o el **PGC Pymes** según el tamaño. (2) **Libros contables obligatorios**: Libro Diario y Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, que deben legalizarse telemáticamente en el Registro Mercantil dentro de los **4 meses siguientes al cierre del ejercicio**. (3) **Libros mercantiles obligatorios**: Libro de Actas (de la Junta General y del Consejo de Administración si lo hay) y Libro Registro de Socios (donde se anotan todas las titularidades y transmisiones de participaciones). (4) **Cuentas Anuales**: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo (los dos últimos solo si no se aplica el modelo abreviado). Deben **formularse en los 3 meses siguientes al cierre**, **aprobarse por la Junta General en los 6 meses** siguientes, y **depositarse en el Registro Mercantil en el mes siguiente** a la aprobación. (5) **Auditoría**: solo obligatoria si se superan dos de tres umbrales (activo > 2.850.000€, cifra de negocios > 5.700.000€, plantilla media > 50 empleados) durante 2 ejercicios consecutivos. (6) **Declaraciones fiscales**: modelo 200 anual, modelos trimestrales (420 IGIC, 111/115 retenciones, 202 pagos fraccionados, 303 IVA peninsular si aplica), modelo 347 anual de operaciones con terceros, modelo 184 si es entidad en atribución de rentas, etc. El incumplimiento de las obligaciones contables o de depósito de cuentas puede acarrear el cierre registral de la sociedad y multas significativas.

La **reserva de capitalización** es un incentivo fiscal del Impuesto sobre Sociedades regulado en el **artículo 25 de la Ley 27/2014** que premia a las empresas que aumentan sus fondos propios sin distribuir dividendos. Permite reducir la base imponible del IS en un porcentaje sobre el incremento de fondos propios del ejercicio respecto al ejercicio anterior. Las cuantías vigentes son: **15% del incremento** de los fondos propios para el régimen general (subido desde el 10% en sucesivas reformas). El límite máximo de la reducción es el **10% de la base imponible positiva** previa a la propia reducción y a la compensación de bases imponibles negativas. **Requisitos para aplicarla**: (1) Mantener el incremento de fondos propios durante un **plazo de 3 años** desde el cierre del ejercicio. (2) Dotar una **reserva indisponible** por el importe de la reducción, que figure en el balance con absoluta separación. (3) No distribuir el importe correspondiente como dividendo durante esos 3 años. La reserva de capitalización **es plenamente compatible con la RIC** y con la mayoría de los demás incentivos fiscales canarios. Para una sociedad canaria con beneficios elevados, combinar reserva de capitalización + RIC + bonificación 50% por producción puede llevar la tributación efectiva por debajo del 8%. Es una herramienta muy infrautilizada en la pequeña y mediana empresa canaria. En DG Canarias Group recomendamos su aplicación a todos los clientes que cumplan los requisitos.

La **reserva de nivelación** es otro incentivo fiscal del Impuesto sobre Sociedades regulado en el **artículo 105 de la Ley 27/2014**, exclusivo para **empresas de reducida dimensión (ERD)**, es decir, las que tienen una cifra de negocios neta inferior a **10 millones de euros** en el ejercicio anterior. Permite reducir la base imponible del IS hasta un **10%** (con un máximo de 1 millón de euros anuales) creando una reserva indisponible que sirve para compensar futuras bases imponibles negativas en los **5 ejercicios siguientes**. Si transcurridos esos 5 años no se han generado bases negativas suficientes para compensar, hay que **integrar el importe pendiente en la base imponible del 5º ejercicio** con el correspondiente impacto fiscal. La reserva de nivelación es como un "diferimiento de impuestos": no eliminas la tributación, la pospones a un momento futuro en el que esperas tener menores beneficios o pérdidas. Es especialmente útil para empresas con beneficios irregulares o estacionales que prevén ejercicios futuros peores. **Compatibilidad**: la reserva de nivelación es compatible con la RIC, la reserva de capitalización y la mayoría de incentivos canarios, lo que permite combinaciones muy ventajosas. Una sociedad canaria pequeña-mediana puede combinar las tres reservas más la RIC y reducir su base imponible en porcentajes muy significativos.

Una Sociedad Limitada está obligada a someter sus cuentas anuales a auditoría externa cuando supere durante **2 ejercicios consecutivos al menos dos de los tres siguientes umbrales** (regulados en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital): (1) **Activo total superior a 2.850.000€**. (2) **Importe neto de la cifra de negocios superior a 5.700.000€**. (3) **Plantilla media superior a 50 trabajadores**. Las sociedades que no superan estos umbrales pueden formular cuentas anuales en **modelo abreviado** y están **exentas de auditoría**. Adicionalmente, hay otros casos donde la auditoría es obligatoria independientemente del tamaño: sociedades cotizadas en bolsa, entidades financieras y de seguros, sociedades que reciban subvenciones públicas superiores a 600.000€, sociedades que emitan valores en mercados regulados, sociedades dependientes que formen parte de un grupo consolidado obligado a auditar, y cualquier sociedad cuyos estatutos lo prevean expresamente o cuya Junta General lo acuerde. También pueden solicitar la auditoría **socios minoritarios** que representen al menos el **5% del capital social** dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. La auditoría debe ser realizada por auditores inscritos en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas). En Canarias hay numerosas firmas de auditoría locales especializadas en pymes y en el REF.

El Modelo 347 es la **declaración anual informativa de operaciones con terceros** que deben presentar las personas físicas y jurídicas (autónomos y sociedades) que realicen actividades empresariales o profesionales, declarando aquellas operaciones con terceras personas (clientes y proveedores) que en conjunto superen los **3.005,06€ anuales** (IGIC o IVA incluido). Su finalidad es permitir a la AEAT y a la ATC cruzar datos entre contribuyentes y detectar incoherencias o fraude. Se declaran las operaciones agrupadas por **cliente o proveedor**, no factura por factura, y se desglosan trimestralmente. Quedan excluidas: las operaciones sometidas a retención (que ya se declaran en otros modelos), las exportaciones e importaciones, las operaciones de adquisiciones intracomunitarias y entregas, y las arrendamientos sometidos a retención. **Plazo de presentación**: durante el mes de **febrero** del año siguiente al ejercicio declarado. Por ejemplo, el modelo 347 del ejercicio 2025 se presenta del 1 al 28 de febrero de 2026. **Importante en Canarias**: los autónomos y sociedades canarios deben presentar el modelo 347 con sus operaciones con terceros peninsulares igual que cualquier contribuyente español, **además** de los modelos propios del IGIC (modelo 415 para operaciones con terceros canarios cuando aplique). Errores u omisiones en el 347 son una de las principales fuentes de requerimientos de Hacienda porque los datos cruzados no cuadran.

Sí, la **Ley de Sociedades de Capital** (artículo 363) establece como **causa legal de disolución** que las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad **inferior a la mitad del capital social**, salvo que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente, y siempre que no proceda solicitar la declaración de concurso. Esta situación se conoce como **"causa de disolución por pérdidas"** y obliga a los administradores a actuar con rapidez. **Procedimiento obligatorio**: los administradores deben **convocar Junta General en el plazo de 2 meses** desde que conozcan la situación para que la Junta acuerde alguna de estas alternativas: (1) **Disolver la sociedad** y proceder a su liquidación. (2) **Aumentar el capital social** para reequilibrar el patrimonio. (3) **Reducir el capital social** para absorber las pérdidas. (4) Solicitar la **declaración de concurso** si la sociedad es insolvente. Si los administradores **no convocan la Junta en plazo** o la Junta no adopta ninguna medida, los administradores responden **personal y solidariamente** de las deudas sociales contraídas a partir de ese momento. Esta es una de las **responsabilidades personales más graves** que puede tener un administrador y es muy frecuente en pymes en crisis. El COVID-19 motivó suspensiones temporales de esta causa de disolución, pero ya están todas levantadas. En DG Canarias Group ayudamos a los administradores a detectar la situación a tiempo y a tomar las medidas necesarias para evitar la responsabilidad personal.

Es la parte del beneficio neto (10%) que las sociedades deben ahorrar hasta que alcance el 20% del capital social para asegurar su solvencia.

Es la distribución de parte del beneficio neto de la sociedad entre los socios tras haber cubierto reservas legales y estatutarias.

Operación de reestructuración donde una empresa divide su patrimonio en dos o más partes para crear nuevas sociedades o integrarse en otras existentes.

Consiste en entregar a los socios beneficios acumulados de años anteriores que no se repartieron en su momento tributando como dividendos.

Dos o más empresas se extinguen para unir sus patrimonios y crear una nueva entidad jurídica única.

Derecho de un socio a abandonar la sociedad y recuperar el valor de su inversión si se producen cambios drásticos en los estatutos.

Operación para devolver aportaciones a los socios o compensar pérdidas disminuyendo el capital social de la empresa.

Proceso legal para cambiar el tipo de sociedad (ej. de Civil a SL) sin perder la personalidad jurídica ni la antigüedad.

Es el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de tu empresa. Es cada vez más exigido para acceder a contratos públicos y financiación bancaria.

Sistema de clasificación que define qué actividades económicas se consideran ambientalmente sostenibles para orientar la inversión.

Integración de criterios ambientales desde la fase de diseño para reducir el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto.

Práctica deshonesta de marketing donde una empresa aparenta ser más ecológica de lo que realmente es pudiendo acarrear sanciones.

Modelo que busca el crecimiento económico basado en la preservación de los ecosistemas marinos fundamental para el futuro de Canarias.

Proceso para identificar qué temas ambientales y sociales son los más importantes para el negocio y sus clientes.

Es el documento legal que establece quién puede pedir la ayuda los requisitos los plazos y la cuantía máxima.

Instrumento de financiación donde el prestamista (a menudo entidades públicas como ENISA) cobra un interés variable en función del beneficio de la empresa.

Documento emitido por un auditor que certifica que los gastos presentados para justificar una ayuda son reales y cumplen las bases.

Es aquella donde las solicitudes se puntúan según baremos y se conceden a los proyectos con mejor nota hasta agotar presupuesto.

Documento emitido por un auditor que verifica que los fondos de una subvención se han empleado según las bases reguladoras.

Interés que cobra la administración cuando una empresa debe devolver una subvención por no haber cumplido los requisitos.

El renting permite deducir la cuota como gasto al 100% (sociedades) y evita riesgos de obsolescencia en vehículos eléctricos aunque la compra genera un activo en balance.

Es un impuesto por noche que se aplica en ciertos municipios para mitigar el impacto ambiental y mejorar infraestructuras turísticas.

Es una placa obligatoria (Vv) que debe colocarse en la entrada de la vivienda para identificarla como alojamiento turístico legal.

Sí es un gasto deducible proporcionalmente a los días que la vivienda ha estado alquilada durante el año fiscal.

Las viviendas vacacionales deben contar con certificado energético mínimo y sistemas de ahorro de agua para cumplir con la normativa turística actual.

Si reside más de 183 días es residente fiscal y tributa por su renta mundial en el IRPF pudiendo aplicar las deducciones autonómicas canarias.

Sí es obligatorio comunicar los datos de identidad de cada huésped a las autoridades (Policía o Guardia Civil) en el momento del check-in.

Sí es posible el alquiler por habitaciones o de forma temporal como Vv siempre que se obtenga la licencia y la comunidad no lo prohíba.

Sí es un requisito legal para obtener la licencia turística y cubrir posibles daños a huéspedes dentro de la vivienda.

Sí el propietario puede establecer normas de uso y convivencia siempre que se informen claramente antes de la reserva.

Restando de los ingresos brutos los gastos deducibles (IBI seguros reparaciones suministros) aplicados proporcionalmente.

Conjunto de sanciones por incumplir la normativa (no tener licencia no registrar viajeros) que pueden conllevar multas elevadas.

Tasa por noche que se aplica al cliente final y que el propietario debe recaudar y liquidar con la administración.

La ZEC es un régimen fiscal de baja tributación dentro del REF, autorizado por la Comisión Europea y vigente hasta el 31 de diciembre de 2032 (prorrogable). Permite a las sociedades autorizadas tributar al 4% en el Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios obtenidos en sus actividades realizadas en Canarias, frente al tipo general del 25%. Solo pueden acogerse entidades de nueva creación con domicilio social, fiscal y sede de dirección efectiva en Canarias, que desarrollen actividades autorizadas por el Consorcio ZEC (servicios, tecnología, industria, comercio mayorista, audiovisual, etc., excluidas actividades inmobiliarias residenciales y financieras puras), que tengan al menos un administrador residente en Canarias y que cumplan los requisitos de inversión y empleo. La ZEC NO es un paraíso fiscal: es un régimen legal, transparente, dentro de la UE, con plena seguridad jurídica y compatible con la RIC y la DIC. En DG Canarias Group hemos asesorado a numerosas empresas en su entrada y mantenimiento en la ZEC.

Los requisitos vigentes para acogerse a la ZEC son: (1) Ser una entidad de nueva creación con domicilio social, fiscal y sede de dirección efectiva en el ámbito geográfico de la ZEC (Canarias). (2) Tener al menos un administrador residente en Canarias. (3) Realizar una inversión mínima en activos fijos materiales o intangibles afectos a la actividad de 100.000€ en Tenerife o Gran Canaria, o de 50.000€ en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote o La Palma, dentro de los 2 primeros años desde la inscripción. (4) Crear al menos 5 puestos de trabajo en Tenerife/Gran Canaria o 3 en las islas no capitalinas, dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción, y mantener ese promedio durante todo el periodo de adscripción. (5) Que el objeto social sea la realización de una de las actividades autorizadas por el Consorcio ZEC. (6) Presentar una memoria descriptiva que avale la solvencia y viabilidad del proyecto. La Circular 1/2022 del Consorcio ZEC introdujo flexibilidad: la inversión mínima puede reducirse si se contrata empleo adicional al mínimo exigido.

El examen de sustancia económica es el control que realizan tanto el Consorcio ZEC como la Agencia Tributaria Canaria y la AEAT para verificar que una entidad ZEC tiene actividad económica real en Canarias y no es una mera estructura societaria pantalla creada solo para aprovechar el tipo del 4%. La Unión Europea exige rigurosamente este control para mantener la autorización del régimen como ayuda de Estado compatible. La sustancia económica se evalúa mediante varios indicadores: existencia de oficinas o instalaciones físicas reales en Canarias, empleados efectivamente contratados y trabajando en las islas (no solo nóminas formales), centro de decisión efectivo del negocio en territorio canario, contabilidad y libros llevados desde Canarias, contratos firmados desde Canarias y operaciones realizadas con medios materiales y humanos canarios. Una empresa ZEC sin sustancia real puede perder su régimen fiscal, ser obligada a tributar retroactivamente al 25% con intereses de demora y sanciones. Es el error más grave y más vigilado por las inspecciones.

El tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades de la ZEC no se aplica sobre todos los beneficios sin límite, sino que existe un tope (base imponible bonificada) que depende del número de empleos creados por encima del mínimo exigido. La base imponible máxima a la que se aplica el 4% se calcula como: 1.800.000€ por la creación del empleo mínimo (5 en islas capitalinas, 3 en no capitalinas) más 500.000€ adicionales por cada empleo adicional creado por encima del mínimo, con un tope global de 18 millones de euros de base imponible bonificada. El exceso de beneficio que supere ese límite tributa al tipo general del Impuesto sobre Sociedades (25% para grandes empresas o 23% para pequeñas que cumplan los requisitos). Por ejemplo, una entidad ZEC en Tenerife con 5 empleados tiene 1.800.000€ bonificados al 4%; si contrata 5 empleados adicionales, llega a 4.300.000€ bonificados al 4%. Esto convierte a la ZEC en un régimen muy potente para empresas que escalan creando empleo.

Las actividades autorizadas por el Consorcio ZEC son muy amplias y se actualizan periódicamente. Incluyen entre otras: comercio mayorista y operaciones de comercio internacional (incluso triangular), servicios a empresas (consultoría, ingeniería, marketing, logística), actividades de información y comunicaciones (desarrollo software, hosting, centros de datos, audiovisual, telecomunicaciones), actividades industriales y manufactureras, investigación y desarrollo, servicios profesionales especializados, actividades educativas y formativas, servicios sanitarios privados, actividades artísticas y culturales, y servicios financieros muy específicos vinculados al grupo. Están excluidas las actividades puramente inmobiliarias residenciales (compraventa, alquiler, promoción de viviendas), las actividades financieras tradicionales (banca, seguros), las actividades extractivas, y las que la normativa europea de ayudas de Estado prohíbe (carbón, siderurgia, construcción naval, fibras sintéticas, agricultura primaria, pesca, etc.). En DG Canarias Group revisamos caso por caso si tu actividad es admisible antes de iniciar el proceso de inscripción.

El proceso para inscribirse como entidad ZEC se realiza ante el Consorcio de la Zona Especial Canaria y consta de varias fases. Primero hay que constituir la sociedad nueva (no se puede transformar una existente), normalmente como SL o SA, con domicilio social en Canarias y al menos un administrador residente. Después se presenta la solicitud de autorización al Consorcio ZEC junto con la memoria descriptiva del proyecto (que debe acreditar solvencia, viabilidad, internacionalización y contribución al desarrollo económico de Canarias) y el justificante del depósito o aval correspondiente a la tasa de inscripción. El Consejo Rector del Consorcio dispone de 2 meses para resolver expresamente; si no resuelve en plazo, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Una vez autorizada, la entidad se inscribe en el Registro Oficial de Entidades ZEC (ROEZEC) y desde ese momento empieza a disfrutar del régimen del 4%, con la obligación de cumplir progresivamente los requisitos de inversión (24 meses) y empleo (6 meses). En DG Canarias Group acompañamos todo el proceso desde la constitución hasta la inscripción definitiva.

Sí, la ZEC es plenamente compatible con la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y con la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), aunque con matices importantes. Una entidad ZEC puede dotar la RIC con cargo a los beneficios obtenidos por la parte de su actividad NO acogida al tipo del 4% (es decir, los beneficios que excedan de la base bonificada, o los procedentes de operaciones fuera del ámbito ZEC). También puede aplicar la DIC sobre las inversiones que realice en activos nuevos. Esto permite construcciones fiscales muy ventajosas: una entidad ZEC con beneficios elevados puede tributar al 4% hasta el límite de su base bonificada, dotar RIC sobre el exceso reduciéndolo hasta el 90%, y aplicar DIC sobre las inversiones realizadas para materializar esa RIC. El resultado puede ser una tributación efectiva combinada por debajo del 5% sobre el beneficio total. Es imprescindible llevar contabilidad separada de cada tramo y documentar correctamente la combinación de incentivos. En DG Canarias Group diseñamos estas estructuras a medida.

Si una entidad ZEC pierde el régimen por incumplir alguno de los requisitos (inversión mínima no realizada en plazo, empleo no creado o no mantenido, actividad real fuera del ámbito ZEC, falta de sustancia económica, etc.) las consecuencias son graves: tendrá que tributar al tipo general del Impuesto sobre Sociedades (25% o 23% según corresponda) sobre todos los beneficios desde el ejercicio en que se produjo el incumplimiento, con intereses de demora desde el devengo de cada cuota, y pueden derivarse sanciones tributarias por aplicación indebida del régimen especial. Adicionalmente, el Consorcio ZEC puede acordar la baja en el ROEZEC y la pérdida definitiva del régimen, con imposibilidad de reinscripción. Los errores más comunes que provocan la pérdida son: contratar empleados solo formalmente sin actividad real, no llegar al umbral de inversión por retrasos en la ejecución, realizar actividades distintas a las autorizadas, perder la residencia del administrador en Canarias o tener la sede de dirección efectiva fuera del archipiélago. Por eso es vital llevar un seguimiento riguroso del cumplimiento año a año.

No, la ZEC está reservada exclusivamente a personas jurídicas (sociedades mercantiles), normalmente Sociedades Limitadas (SL) o Sociedades Anónimas (SA). Los autónomos y profesionales que tributan en el IRPF NO pueden acogerse al tipo del 4% de la ZEC porque este régimen opera sobre el Impuesto sobre Sociedades, no sobre el IRPF. Sin embargo, un autónomo en Canarias sí puede beneficiarse de otras ventajas potentes del REF como la RIC (que puede aplicar en estimación directa reduciendo hasta el 90% de su rendimiento neto), la DIC, la cuota cero subvencionada por el Gobierno de Canarias durante el primer año, las bonificaciones IRPF autonómico y los tipos reducidos del IGIC. Si un autónomo quiere acceder a la ZEC, la opción es constituir una sociedad nueva, aportar su actividad a la sociedad y solicitar la inscripción ZEC para esa nueva entidad, siempre que cumpla todos los requisitos. En DG Canarias Group analizamos cada caso para recomendar la estructura jurídica más ventajosa según el volumen y tipo de actividad.

Los errores más frecuentes que provocan la pérdida del régimen ZEC son: (1) Falta de sustancia económica real, especialmente cuando los empleados no trabajan efectivamente desde Canarias o el centro de decisión se ubica fuera del archipiélago. (2) No alcanzar la inversión mínima en plazo (24 meses desde la inscripción) por retrasos en la ejecución, infraestimación del coste o cambios de planes. (3) No crear o no mantener el número mínimo de empleados (5/3) durante todo el periodo de adscripción al régimen. (4) Realizar actividades distintas o adicionales a las autorizadas por el Consorcio ZEC sin solicitar la oportuna ampliación. (5) Perder la residencia fiscal en Canarias del único administrador residente. (6) No llevar contabilidad separada de las operaciones ZEC y no ZEC, lo que impide calcular correctamente la base bonificada. (7) Confundir la base bonificada con todo el beneficio y aplicar el 4% indebidamente. (8) No documentar las operaciones triangulares de comercio internacional (cuando los bienes no pasan físicamente por Canarias) con la trazabilidad exigida. En DG Canarias Group hacemos auditorías preventivas anuales a entidades ZEC para detectar y corregir cualquier desviación antes de que cause la pérdida del régimen.

Es la obligación de diferenciar los ingresos y gastos de la actividad ZEC (al 4%) de los de otras actividades que tributan al tipo general.

Sí Canarias es un destino ideal para startups tecnológicas por su baja tributación al 4% y la excelente conectividad digital.

Sí la normativa actual permite el teletrabajo para empleados de entidades ZEC siempre que la actividad se dirija y gestione desde la sede en Canarias.

Es el catálogo basado en códigos NACE/CNAE que define qué sectores (industria servicios consultoría) pueden acogerse al tipo del 4%.

Los dividendos distribuidos por una filial ZEC a su matriz en la UE o países con convenio suelen estar exentos de retención en origen.

Sí las entidades ZEC deben someter sus cuentas a auditoría externa para garantizar que cumplen los requisitos del régimen especial.

Sí el sector del gaming y e-sports es prioritario en Canarias y cuenta con el tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades.

Sí las productoras pueden combinar el régimen ZEC con las deducciones fiscales por rodajes en Canarias multiplicando el ahorro.

Depende del número de empleos creados; a más empleo mayor parte del beneficio puede tributar al tipo reducido de la ZEC.

Sí la entidad ZEC debe disponer de una sede efectiva y domicilio social en el ámbito geográfico de Canarias.

Requisito de la UE para asegurar que las empresas ZEC tienen actividad real y medios materiales en Canarias y no son meras sociedades pantalla.